De acuerdo a los plazos que establece el Código Electoral, el pasado 3 de febrero venció el periodo para hacer reformas electorales relativas a la elección de diputados de la Asamblea Legislativa; sin embargo, el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, considera que aún están a tiempo de modificar la ley para reducir la cantidad de parlamentarios de 84 a 64.
Castro afirmó ayer en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que la fracción de Nuevas Ideas está estudiando presentar en el Congreso dicha propuesta, así como la que anunció el presidente Nayib Bukele el 30 de diciembre de 2022, de bajar de 262 a 50 los municipios de la República.
“Sí. Estamos estudiando seriamente ambas propuestas. Creemos que todavía es tiempo. Es muy probable que nosotros presentemos ambas iniciativas, todavía no es ciento por ciento seguro. Como te decía anteriormente, lo estamos evaluando, tal vez en los últimos detalles legales, viendo… eh… viendo, los tenemos en estudio nosotros ahorita internamente, pero creo que sí sería bueno para el país ambas cosas”, declaró Castro.
Con respecto a la reducción de los municipios, explicó que podrían ser menos de 50 o un poco más. Indicó que es un tema que está siendo debatido al interior de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, pero “anda más o menos por allí en 50”, reiteró.
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En cuanto al número de diputados considera que deberían ser 64. Según Castro, así era antes de que comenzaran a incorporar la “plancha nacional” que comenzó a incrementar la cantidad de parlamentarios hasta llegar a 84. “Creemos que el país podría funcionar con 64 diputados”, sostuvo el funcionario.
Expertos en materia electoral cuestionan que no están en tiempo de hacer dichas reformas. Además, ven en este plan del gobierno y del partido oficial una intención de “concentrar el poder”, de ser una táctica más electorera para favorecer al partido en el gobierno de cara a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se realizarán en 2024.
“Los cambios en el diseño electoral no son ingenuos, todos tienen un objetivo: incidir en un resultado que le resulte favorable a la fuerza política que lo promueva”, enfatizó la experta electoral, Ruth López.
Igual opinión también tuvo el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. El especialista asegura que si las modificaciones no están sustentadas en estudios que demuestren la necesidad de hacerlas, todo apunta a una intención de concentrar el poder.
“Lo que apunta la reforma es que el número de diputados y alcaldías es a tratar de concentrar poder, ver como se beneficia el partido en el gobierno, para tener mayor cantidad de diputados y alcaldías”, afirmó Escobar.
Señaló que la reforma que pretende hacer el partido oficialista ya no procede, pues el Código Electoral establece que un año antes de la elección de diputados ya no se pueden realizar modificaciones a la legislación electoral. Ese periodo terminó el pasado 3 de febrero, ya que los comicios para elegir diputados de la Asamblea están previstos para el 4 de febrero de 2024.
“Si se quiere que entre en vigencia actualmente habría un pero, que lo dice el Código Electoral, que no se puede hacer ninguna reforma un año antes de la elección, todavía estamos un año antes de la municipal, pero la legislativa ya pasó un año, allí se violaría la ley”, afirmó Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana.
Escobar advierte que conociendo el proceder de la actual Asamblea oficialista pueden reformar la Ley de Partidos y el Código Electoral, pese a que estarían violando ambas normativas.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, reforzó lo anterior. La legisladora dijo que el tiempo para hacer ese tipo de reformas ya pasó y si lo llevan a cabo lo harán “a la fuerza, de forma ilegal, como hacen muchas cosas”, lamentó.
“Reformas electorales ya no se puede hacer, el tiempo ya pasó. Si lo van a hacer, lo harán violentando cualquier marco jurídico, la jurisprudencia de Salas de lo Constitucional legítimas, que realmente sí ejercieron en el marco de un Estado de Derecho, no como lo que tenemos ahorita, que son abogados genuflexos al régimen”, dijo Ortiz.
Según Escobar, también existe otro parámetro a considerar y es que, según la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe convocar este próximo 3 de marzo a los institutos políticos a que realicen sus elecciones internas para elegir candidatos a diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente de la República.
¿Qué pasaría si la Asamblea hace la reforma después del 3 de marzo? se pregunta Escobar. Valora que meterían en un problema muy serio y legal a los partidos políticos.
¿Por qué razón? “Si hacen la reforma en lo que resta del año los partidos ya tendrían electos a sus candidatos ¿cuál de todos esos candidatos tendrían que elegir para llenar la cuota?”, cuestiona Escobar.
Y como ya habrían escogido a sus 84 candidatos, pero si la Asamblea los reduce a 64 ¿quiénes de esos 84 se quedan fuera? “Tendrían que convocar de nuevo a una elección, pero ya la ley no permite esa reforma”, apuntó Escobar.
Ante todas estas situaciones adversas, el experto considera que si la Asamblea piensa hacer una modificación de ese tipo, lo más idóneo sería después de los comicios de 2024. “A estas alturas ya no hay plazo para hacer ese ajuste”, alegó.
El experto aduce que también habría un impacto en el vínculo entre “representado y representante”, pues al haber con la misma cantidad de población menos diputados, esto implica que cada parlamentario estaría representando a un mayor grupo poblacional.
“Actualmente cada diputado representa entre 60,000 a 70,000 habitantes, pero si se hace este cambio, cada diputado representaría entre 100,000 a 120,000 personas. La relación del mandato entre la población y este diputado se haría más difusa, se representa a todos y no se representa a nadie al mismo tiempo”, afirmó Escobar.
Reducción con base a censo
Hay otro aspecto que han pasado inadvertido el gobierno y el partido oficialista y es que no hay un censo actualizado para conocer cuánta población tiene El Salvador. El último data de 2007.
La diputada Ortiz manifestó ayer que esta medición es importante antes de realizar cualquier reforma orientada a reducir la cantidad de municipios y los diputados.
“Lo responsable sería hacerlo con base en el último censo vigente, sería locura ocupar el censo de 2007, cuando ya hay fondos aprobados para hacer un censo este año o el número de municipios y de circunscripciones electorales. Sería locura ocupar el censo de 2007, si quieren hacer algo a largo plazo bien hecho. Hagamos las cosas en orden, pero si hacen esta chambonada, no vamos a acompañar”, advirtió Ortiz.
En marzo de 2022, la Asamblea aprobó $44 millones en deuda para iniciar los censos de población, económico, de vivienda, agropecuario y encuesta de hogares múltiples, pero a la fecha se desconoce cuándo se realizarán, dado que la Dirección General de Estadísticas y Censos fue eliminada. Sus atribuciones fueron trasladadas al Banco Central de Reserva (BCR).
Ruth López, experta electoral, recordó sobre la importancia de hacer un censo antes. Aduce que la base del sistema electoral es la población, dijo que no es igual a los electores, mayores de 18 años y con DUI. “Esto no es soplar y hacer botellas. Es lamentable el desconocimiento y ligereza de propuestas”, argumentó.
Propuesta no es técnica
A juicio de López, la Asamblea sí tiene la facultad de disminuir la cantidad de diputados de 84 a 64, pero dice que técnicamente no es coherente con la cantidad de votos que establece la Constitución como mayorías para tomar las decisiones.
Hay acuerdos que necesitan la mitad más 1 de los votos de los diputados, que son 43 votos, que se llama la mayoría simple para aprobar reformas a leyes, nuevas normativas, transferencias de fondos de una entidad a otra, etc.; otras decisiones deben tomarse con dos tercios de los votos, es decir, 56 votos, que en la jerga legislativa es la mayoría calificada, con la que se aprueba el presupuesto de la Nación cuando lleva financiamiento con préstamos, reformas constitucionales y préstamos, entre otros.
Y la votación de las 3 cuartas partes del pleno, que son 63 votos, para aprobar, por ejemplo, las extensiones al régimen de excepción, ya que contempla la suspensión de derechos humanos.
López aduce también que reducir la cantidad de diputados afectará la “sobrerrepresentación en lugares como Cabañas, San Vicente y Morazán que sólo tienen tres escaños legislativos y la subrrepresentación en San Salvador, La Libertad, y Santa Ana, que son los departamentos con mayor número de diputados.