De acuerdo al partido ARENA son millones de dólares los que se han destinado a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y esta institución no está beneficiando a los municipios, tal como el gobierno aseguró.
La diputada Rossy Romero, del partido tricolor, solicitó en el pleno este 14 de septiembre de 2022 reformas a la ley de creación de la DOM para solventar la disparidad de fondos que esa entidad tiene versus lo que en realidad ejecuta en los municipios.
Según la parlamentaria arenera son más de $10 millones los que la DOM gastará anualmente en salarios para empleados que no están llevando a cabo proyectos municipales. Afirmó que son 445 empleados que devengan una planilla mensual de más de $882 mil.
“Tenemos conocimiento que de las 197 obras que programó la DOM, sólo 55 de éstas corresponden a proyectos municipales, específicamente de éstas, 53 han quedado desiertas, y de las 197, la gran mayoría, 89 corresponden a proyectos de responsabilidad del Ejecutivo que deben ser ejecutados por las diferentes ramas, por ejemplo, Salud, el Ministerio de Agricultura, Gobernación, el Ministerio de Obras Públicas, Fovia, la PNC, y ANDA, entre otros”, cuestionó la diputada Romero.
A esto añadió la cantidad de dinero que también se le asignó a la DOM, de más de $536 millones, de los cuales se desconoce cuál es la administración que se está dando a esos recursos.
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A pesar de esa millonaria cantidad, asegura que “la respuesta a las necesidades y a los proyectos de las comunidades en los municipios no se está dando”, lamentó.
Por esa razón, Romero también solicitó que uno de los cambios a la ley de creación de la DOM establezca que los proyectos a ejecutar sean previamente consensuados y acordados con las alcaldías.
Además, que los recursos financieros, indistintamente de su fuente de origen, destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo e inversión municipal, en ningún momento podrán utilizarse para financiar gasto corriente de la DOM.
También, que la asignación de recursos destinados para la ejecución de obras, en ningún caso sean inferiores al 5% de los ingresos corrientes del Presupuesto General del Estado. Actualmente es del 3%.
Que estos recursos sean transferidos al Ministerio de Hacienda, entidad que los ejecutará en los municipios conforme a criterios de pobreza, proporcionalidad geográfica, población y equidad.