La Asamblea Legislativa aprobó este 14 de septiembre con 64 votos la sexta prórroga del régimen de excepción, tal como solicitó el Ejecutivo este mismo día a través del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. La quinta ampliación de esta medida vencía el 20 de septiembre.
En su discurso, el titular de Seguridad tildó de "payasos" a los políticos internacionales que han cuestionado al gobierno salvadoreño de escudarse en el régimen de excepción para minar la democracia en El Salvador, vulnerando los derechos humanos de personas que han sido capturadas "arbitrariamente", sin el debido proceso legal, incluso, que han muerto bajo custodia del Estado sin tener pruebas de su culpabilidad.
"A qué tipo de democracia se refieren estos payasos internacionales, la democracia que disfrutaban cuando ellos elegían quienes eran los magistrados que iban a presidir la Corte Suprema de Justicia, cuando tenían dominada nuestra Fiscalía General de la República ¿a ese tipo de democracia se refieren? pues se equivocan", arremetió Villatoro.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, no se quedó atrás con sus críticas. El diputado llamó "cobardes fracasados" a las ONG y partidos políticos que critican que el régimen de excepción se ha vuelto una medida permanente de combate a la criminalidad, cuando el gobierno ya cuenta con normativa penal vigente para hacerlo.
Incluso, señalan que el Ejecutivo prometió acabar con las pandillas con el Plan Control Territorial al cual le han sido destinados millonarios fondos, pero no lo logró y tampoco da cuenta del uso de esos recursos.
#EnVivo | Representantes del Gabinete de Seguridad presentan iniciativa para extender el Régimen de Excepción.#EnVivo | Representantes del Gabinete de Seguridad presentan iniciativa para extender el Régimen de Excepción.
Posted by Asamblea Legislativa de El Salvador on Wednesday, September 14, 2022
La lectura que internacionalmente se tiene sobre ese mecanismo se distancia mucho del pensamiento de Villatoro y de Castro.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, señaló que en vista del deterioro de los derechos humanos en el debido proceso legal consideran que el fenómeno de la delincuencia organizada en maras y pandillas se puede combatir eficazmente a través de la legislación secundaria y no con un mecanismo extraordinario como el régimen de excepción.
La diputada Anabel Belloso, del FMLN, afirmó que han sido claros desde el inicio que el crimen se debe perseguir con las herramientas legales que ya se poseen en el país, por lo que lamentó que el gobierno no pueda hacerlo sino es “suspendiendo derechos de la población”.
“Este gobierno no es capaz de combatir la criminalidad, ese cuestionamiento lo hicimos desde el inicio. A través de una medida que debería ser la excepción se ha vuelto la regla general, se violan derechos de personas inocentes que nada tienen que ver con pandillas, a la fecha no se les garantiza el debido proceso ni pronta y cumplida justicia”, apuntó Belloso.
Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, explicó que su partido no dará sus votos para una nueva ampliación del régimen de excepción por ser violatorio de la Constitución de la República.
“Por mi parte no contará con mi voto. El actual régimen viola la Constitución”, afirmó Wright.
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Por la mañana, Wright afirmó que la agenda de la plenaria no contenía la solicitud del Ejecutivo, pero dada la costumbre del actual gobierno de enviar las peticiones para que los diputados las ingresen con modificación de agenda para que luego sean aprobadas con dispensa de trámite, lo más probable es que así sea.
La Asamblea ya aprobó cinco prórrogas del régimen de excepción. La última fue el 16 de agosto de 2022 para 30 días más. Entró en vigencia el pasado 20 de agosto, por lo que caduca este 20 de septiembre.
En esa ocasión, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó que los resultados de la medida son “contundentes”.
El régimen de excepción está vigente en El Salvador desde el pasado 27 de marzo de 2022, contra todos los cuestionamientos de organismos de la sociedad civil, de defensa de los derechos humanos y de organizaciones internacionales que han observado en el gobierno de El Salvador con dicha medida, como uno de los países que se enrumba a un régimen totalitario y dictatorial.