La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 64 votos reformar la Ley de Telecomunicaciones para obligar a los operadores de telefonía a almacenar datos y una fotografía del Documento Único de Identidad (DUI) del cliente. Esto estará a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Son obligaciones de todo Operador, de acuerdo con el servicio que preste, las siguientes: llevar un registro fidedigno de todos los usuarios, incluyendo los de prepago, debiendo mantener dicha información a disposición de la autoridad competente en la investigación de delitos que la requiera”, dice la propuesta de reforma al artículo 30 de la normativa.
El literal B de dicho artículo establece que es obligación de estas compañías adoptar y aplicar procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarias para obtener y almacenar las imágenes de los DUI que contengan el rostro del usuario o quien contrate servicios de telecomunicaciones.
Infracciones
“Las infracciones especiales serán sancionadas con multa de quinientos a mil salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicio por cada infracción, de acuerdo a su gravedad y habitualidad…”, dice la modificación al artículo 35.
En la plenaria de este miércoles 26 de octubre estaba previsto que fueran discutidas y aprobadas las reformas a la Ley de Escuchas Telefónicas, de Telecomunicaciones y del Crimen Organizado impulsadas por el Ejecutivo.
No obstante, la primera de las iniciativas fue criticada porque se busca dotar al Fiscal General de más poderes para intervenir las telecomunicaciones. El oficialismo dio un paso atrás y no fue introducida en la agenda de ayer.
Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wriht Sol, dijo antes de la sesión plenaria que desconocía formalmente el contenido preciso del paquete de tres leyes.
"Una ley de telecomunicaciones que viene a poner obligaciones adicionales a las empresas de resguardar datos e imágenes y a esta reforma tenemos serios cuestionamientos en cuanto si se puede garantizar la seguridad de estos datos y los derechos ciudadanos a la privacidad e intimidad".
Claudia Ortiz de Vamos dijo que “no se le puede dar amplios poderes a las instituciones estatales sobre los derechos de privacidad y datos personales de los ciudadanos sin un contrapeso serio y contundente”.
Además, la legisladora dijo que no se debe perder de vista que hay serios y fuertes indicios de que el gobierno de El Salvador podría estar detrás del espionaje a periodistas que destaparon la tregua en gobiernos anteriores.