El actuar del procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, en el contexto del régimen de excepción ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil.
Una de las acciones del procurador que ha sido criticada es la forma en que realizaron las inspecciones en los centros penales.
El informe 100 días del régimen de excepción del Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, señala que si bien es cierto que tres informes de la Procuraduría aseguran que han inspeccionado los centros de detención “al parecer ninguna (inspección) se realizó en los centros penales para adultos”.
Esto a pesar de que Cristosal ha denunciado que dentro de los penales han fallecido 66 personas que se encontraban bajo custodia del Estado.
El OUDH plantea que en la redacción del primer informe de la Procuraduría, que corresponde al periodo del 27 de marzo al 25 de abril, solo se hace referencia a procedimientos aplicados a bartolinas policiales y centros de resguardo para adolescentes.
De igual forma, en el segundo informe de la Procuraduría, correspondiente al periodo del 27 de abril al 25 de mayo, solo se menciona lo observado en bartolinas policiales y centros de resguardo para adolescentes.
El OUDH explica que el segundo informe de la Procuraduría incluye información sobre la verificación realizada de los procedimientos establecidos por la Dirección de Centros Penales para la entrega de información a los familiares de los detenidos y el mecanismo de entrega de los paquetes higiénicos y alimenticios para los detenidos.
Sin embargo, “no es explícito en afirmar que se hayan realizado procedimientos en el interior de los centros de detención de adultos”, señala el OUDH.
El tercer informe brindado por la Procuraduría, que corresponde del 26 de mayo al 24 de junio, solo contempla verificaciones en bartolinas policiales y centros de menores.
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“En ninguno de los tres informes, que corresponde a los tres primeros meses de régimen de excepción se menciona la realización de inspecciones de la PDDH en centros penitenciarios de adultos”, concluye el OUDH.
El 24 de mayo, la Procuraduría informó a través de un comunicado que la Dirección de Centros Penales le había negado el acceso a la penitenciaría central La Esperanza.
Dos meses después, circuló en redes sociales un video donde se observa al procurador junto a las autoridades de seguridad recorriendo algunos sectores comunes del centro penal y la granja de Izalco.
El procurador informó en esa ocasión a través de un comunicado que a los reos con enfermedades crónicas se les brindaba una atención “oportuna, especializada y acorde a sus necesidades”.
Además, el comunicado explica que se verificó que los reos reciben tres tiempos de comida y un tiempo para tomar el sol, por grupos, debido a la cantidad de personas recluidas.