La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) condenó el aumento de la persecución y la censura de la que son víctimas los periodistas en el país e instó al presidente Nayib Bukele a que ordene el cese de los ataques de su gobierno a la prensa crítica, durante la presentación del informe denominado “Régimen de excepción y afectación a la libertad de prensa y expresión en El Salvador”.
El centro de monitoreo de la Apes ha registrado un total de 385 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, desde el 27 de marzo de 2022, fecha del inicio del régimen de excepción, hasta la fecha.
“Condenamos enérgicamente la persecución y la censura de la prensa crítica en El Salvador y le exigimos al presidente Nayib Bukele que ordene el cese de los ataques de su gobierno a la prensa” expresaron los representantes de la Apes por medio de un informe.
Asimismo hicieron un llamado a la sociedad civil, organismos internacionales y comunidad internacional para que se mantengan alerta frente a esas vulneraciones y se sumen a la exigencia de respeto a la libertad de prensa.
Uno de los casos más graves es el encarcelamiento de Víctor Barahona, un periodista comunitario con una larga trayectoria en su comunidad, que estuvo en prisión durante once meses acusado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Según explicó el periodista, previo a ser detenido él conducía un programa de entrevistas en un canal local, en el que sus invitados habían cuestionado las políticas del gobierno actual.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Apes, manifestó que Barahona sufrió malos tratos dentro de la prisión y que incluso estuvo a punto de fallecer debido a que su situación de salud, por padecimientos crónicos, se agravó dentro de la cárcel, por a la ausencia de una atención médica adecuada.
“Queremos desmentir esta narrativa del gobierno de mencionar que acá en El Salvador no se criminaliza la prensa, que no se encarcelan a periodistas” expresó la presidenta de la Apes.
Por otra parte, Cárcamo expuso que hay datos alarmantes en cuanto a la movilización de periodistas tanto fuera, como dentro del país.
Según los casos documentados por la Apes, cinco periodistas se vieron obligados a migrar como una acción preventiva ante posibles acusaciones por los trabajos de investigación que han realizado, mientras que 12 han sido víctimas de desplazamiento interno.
Entre ellos está el de un periodista que servía de enlace con medios internacionales que tuvo que dejar su casa desde hace seis meses, debido a que la Policía ha llegado a buscarlo en varias ocasiones, por un supuesto delito que él asegura no ha cometido.
“Es un periodista que durante seis meses no ha podido llegar a su casa, porque casualmente han colocado un retén de militares y policías a solo unos metros de su vivienda” relató Cárcamo.
Otros patrones de vulneración
Gabriel Labrador, relator de libertad de expresión y prensa de la Apes, explicó que uno de los patrones de vulneración que más restringen la labor de los periodistas son las retenciones arbitrarias durante las coberturas.
“Los policías y soldados retienen de manera arbitraria a fotógrafos o reporteros y los obligan a borrar material bajo la amenaza que serán procesados por el régimen de excepción” detalló.
Uno de esos casos registrados fue cometido contra este medio de comunicación el viernes 7 de julio cuando los periodistas Eduardo Alvarenga y Manuel Cruz fueron retenidos cuando cubrían la retención por parte de agentes de la PNC a un grupo de familiares de capturados durante el régimen, después de participar en una manifestación en las cercanías a la plaza Salvador del Mundo.
Los agentes pidieron a los dos periodistas que se identificaran y al mostrar sus credenciales del medio, uno de los policías iba a tomar fotos de los carnet. Uno de los periodistas pidió que no le tomaran fotos a su credencial, pero otro agente lo amenazó: “Colaboren porque si no los vamos a detener y aplicar el régimen”.
Los periodistas internacionales tampoco no se han librado de las restricciones en su trabajo. Un reportaje de la periodista mexicana Carmen Escobosa y su equipo, de la cadena internacional televisiva Univisión, muestra cómo mientras realizaban un reporteo en las cercanías del mega penal de Tecoluca, en San Vicente, fueron abordados por miembros de la seguridad de la cárcel, quienes les pidieron sus documentos y les mantuvieron retenidos durante casi dos horas.
Criminalización
Labrador agregó que además desde el gobierno se propicia la narrativa de criminalización de periodistas a quienes se perfila en redes sociales como defensores de criminales de estructuras delincuenciales, sobre todo a aquellos que han realizado trabajos de investigación.
“Eso ha provocado un clima de hostilidad que estas personas han decidido mejor salir preventivamente del país, porque hay incluso diputados que han sugerido procesarlos por el régimen de excepción.
Jonathan Bock, de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, considera que parte de lo que ha propiciado en este contexto es que ha calado en la ciudadanía el discurso de que el periodista es el enemigo.
"En la medida que un gobierno entre a dictar qué es lo bueno y qué es lo malo, quién es el enemigo y quien no, se convierte en censura. Y esta es la situación actual” explicó Bock.
Paula Saucedo, de la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresióncon en México, considera que ante las vulneraciones es importante documentar lo que está pasando y no normalizar, ni naturalizar la violencia bajo la excusa de que son “gajes del oficio”, porque esa es una de las finalidades de los perpetradores, que la sociedad normalice la violencia.
"Un ataque a un periodista es ir en contra de la democracia. Si se permite esto da lugar a aún más graves violaciones de Derechos Humanos" aseguró Saucedo.
DE INTERÉS: “Ser periodista en este país es delito”, dice Víctor Barahona, liberado del régimen
En cuanto a los perpetradores, Cárcamo detalló que del total de denuncias de vulneración contra los periodistas documentadas por el centro de monitoreo, seis de cada diez son cometidas por entidades y personas relacionadas con el gobierno: policías, militares, diputados, ministros e incluso el mismo presidente.
Estado ausente
La presidente de la Apes considera que desde el Estado no hay interés de generar mecanismo de protección a la prensa, por el contrario las acciones se encaminan a socavar y acabar con el ejercicio periodístico independiente.
La Apes en conjunto con la Mesa de Protección a periodistas presentaron en 2018 una propuesta de Ley de Protección a Periodistas, pero fue archivada por la actual legislación, dominada por la bancada de Nuevas Ideas. “Por el contrario, el año pasado hicieron reformas legales que nos criminalizan” aseguró Cárcamo.
La representante de la Apes también lamentó el papel del Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, quien en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Fue penoso escuchar al Comisionado, decir que no tenía ni un solo registro de casos de vulneraciones a la prensa”.
Asimismo Cárcamo lamentó que la Fiscalía General de la República mintiera en esa audiencia al asegurar que no hay denuncias de vulneraciones a los derechos de los periodistas.
“En enero de este año presentamos un recurso de ampliación de avisos por denuncias en el caso de (espionaje) por medio de Pegasus”, detalló. Según la Apes también se ha notificado a la Fiscalía los intentos de hackeos contra esa asociación.