Para Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, el 1 de mayo de 2021 el oficialismo tenía como misión principal deshacerse del entonces fiscal general de la República.
Ese día, los diputados afines al oficialismo destituyeron sin seguir el proceso legal a Raúl Melara y lo reemplazaron por Rodolfo Delgado, a quien nombraron sin seguir el debido proceso. Además, destituyeron a los cinco magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional y los sustituyeron por abogados afines al proyecto del oficialismo.
El entonces fiscal Melara tenía en su despacho al menos una docena de casos de posible corrupción dentro de la gestión actual, los cuales fueron remitidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Su sucesor, impuesto ese 1 de mayo por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, no solo no dio seguimiento a los casos, sino que suspendió el convenio con esta comisión.
Necesidad de un fiscal afín
A criterio de López, Nayib Bukele necesitaba un fiscal afín en vista de los casos de corrupción que podían salir a la luz. El presidente “no podía permitirse que miembros de su gabinete fueran procesados”, considera.
Un año del golpe que concentró todo el poder en la presidencia
Para la directora anticorrupción de Cristosal, la presencia de funcionarios procesados por mal uso de recursos “habría implicado que la ciudadanía advirtiera que el gobierno de Bukele estaba envuelto y untado por la corrupción en dimensiones quizás nunca antes vistas”.
Esto se agrava al recordar que el combate a la corrupción fue una de las principales banderas del mandatario, señala López.
“Bukele sabe que la corrupción fue un factor esencial de su victoria en 2019 y hará cualquier cosa para evitar que sea develada, de ahí que era necesario controlar la FGR, imponiendo a un incondicional” como Rodolfo Delgado, analiza.