La Asamblea Legislativa ha prorrogado en diez ocasiones el régimen de excepción, una medida impuesta desde marzo de 2022 que, de acuerdo al gobierno, garantiza la seguridad de la ciudadanía y saca de las calles a pandilleros y criminales que ponían en riesgo a la población.
Pero según manifestaron este jueves la directora ejecutiva, Leonor Selva y el director de asuntos económicos, Waldo Jiménez, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), pasado este periodo, el país debería hacer la transición a un nivel de seguridad sostenible que no implique la suspensión de garantías constitucionales como sí ocurre con el régimen de excepción vigente.
"Esperamos que se vaya recuperando poco a poco a la normalidad en cuanto a la suspensión de las garantías y que se mantenga el nivel de seguridad", dijo Selva.
Según la ejecutiva, los empresarios les han manifestado su satisfacción con la medida porque ya no pagan extorsión y se ponía en peligro a sus colaboradores. Sin embargo, la aplicación del régimen de excepción también es motivo de preocupación para empresas que quieren establecer sus negocios en el país. "Ellos preguntan sobre esto", dijo Selva.
De acuerdo a la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron. Esta medida limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Desde marzo del año pasado, se han capturado más de 60,000 personas bajo el régimen de excepción, que han sido llevadas a cárceles en hacinamiento. Según reporte de organizaciones que velan por el debido proceso y los derechos humanos, al menos 90 personas han muerto dentro de las cárceles en circunstancias no esclarecidas.
Fespad: “Ya no tiene justificación estar aplicando el régimen de excepción”
A punto de cumplirse un año de esta medida, la gremial empresarial espera que el gobierno garantice una seguridad sostenible y se concentre en un plan económico que le permita a las familias salvadoreñas afrontar todas las dificultades que se plantean para este año. "La parte excepcional algún día terminará y tendremos que empezar a construir el país", dijo por su parte Jiménez.
La ANEP sugiere que el país pueda trabajar en su capital humano, es decir, que pueda preparar a los salvadoreños en distintas áreas para que encuentren trabajos mejor remunerados.