Abogados, expertos en transparencia y anticorrupción consideran que la nueva ley para crear más cárceles favorece las arbitrariedades, la violación al Derecho de propiedad de la ciudadanía y fomenta actos de corrupción en el país.
Este martes, los diputados oficialistas aprobaron tal iniciativa con dispensa de trámite (sin análisis previo), bajo el argumento que esta obedece al incremento de la población privada de libertad bajo el régimen de excepción”, aplicado desde el 27 de marzo pasado.
Sin embargo, expertos consultados señalan una serie de aspectos importantes que se deben analizar.
Por ejemplo, el abogado administrativo de la unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Jonatan Sisco, explicó que “en resumen esta ley concede amplias facultades al Ejecutivo y podría utilizarse para fomentar actos de corrupción”.
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Su opinión la argumentó en que la normativa permite hacer compras directas saltándose mecanismos de control y transparencia. “En el artículo 9 se establece que no se aplicará la Ley de Contrataciones y Licitaciones de la Administración Pública (Lacap). Eso es grave”, dijo.
Además, indicó que a partir de lo establecido en el artículo 26 y siguientes apartados se podría favorecer actos de corrupción respecto a la exoneración de impuestos.
“Se exonera de impuestos al Estado, pero se faculta para que el ministerio de Obras Públicas cree sociedades de economía mixta y con inversionistas privados se le estaría exonerando, esto podría ser fuente de corrupción y podrían beneficiarse empresarios sin escrúpulos que estarían haciendo negocios de las detenciones ilegales masivas que se han estado efectuado en el régimen de excepción”, apuntó.
Y es que el artículo 4 de la iniciativa faculta al MOP a crear sociedades para garantizar la construcción de los centros penitenciarios que vean necesarios. El representante de Cristosal señaló que “con eso se podrían evadir mecanismo de control para el uso de fondos públicos”.
“Algo similar hicieron con la sociedad chivo wallets que es un negocio privado financiado con fondos públicos de CEL y empresas subsidiarias de esta”, sostuvo.
“Abrir puertas a la corrupción”
Xenia Hernández, directora ejecutiva de Fundación DTJ, manifestó que pareciera que la creación de esta ley es “justamente para saltarse todos los mecanismos de transparencia, para evitar cualquier tipo de rastro que pueda ser fiscalizado no solamente por sociedad civil dado que han bloqueado el acceso de información pública sino también para las mismas instituciones”.
“Desde que se piensan y diseñan este tipo de legislaciones donde se saltan todos los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas es porque se está buscando abrir puertas a la corrupción para beneficio de unos cuantos en el mismo Gobierno”, apuntó.
Carlos Palomo, presidente de la asociación Tracoda, planteó que “en general, las contrataciones y adquisiciones públicas no deberían realizarse a través de mecanismos que limiten las posibilidades de competencia, publicidad y transparencia porque eso deriva en que los recursos pueden usarse ineficiente e ineficazmente”.
Palomo ahondó en que “el uso excesivo de mecanismos excepcionales para erogar fondos públicos propicia actos indebidos, malversaciones, entre otra serie de situaciones que perjudican a la población”.
Aplica la ley de expropiación
Los analistas ven como algo “grave” el que la misma institución que va a realizar los procesos de construcción de cárceles (MOP) será la entidad encargada de declarar que un inmueble es de “utilidad pública”.
Respecto a esto, Jonatan Sisco señaló que “con esta ley cualquier propiedad del Estado o de particulares podría pasar a ser del MOP y este utilizarlas para construir centros penitenciarios .Esto incluye propiedades municipales, de autónomas y también cualquier propiedad que esté en manos de ciudadanos o de sociedades privadas podría ser expropiada”.
El abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, consideró que “si está totalmente arreglado el tema (expropiación) ahí en la ley y subsidiariamente la aplicación de la ley de expropiaciones”.
Explicó que en la normativa hay “un juego de crear deuda sin que necesariamente la Asamblea haya aprobado cada deuda, porque en forma indirecta, van a poder fijar un precio ( indemnización), no tienen el dinero para pagar y entonces lo que van a hacer es pagar el 6% ”.
Indicó que “al final eso es una especia de trampa para tomar deuda y poder comprar esas cuestiones sin tener que estar yendo cada vez a la Asamblea a que les autoricen la emisión de bonos para pagar la indemnización”.
Bertrand analizó por qué la iniciativa la presentó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro y no los respectivos ministros. “Esa es una cuestión extraña que algún significado político tendrá”, concluyó.