La idea que el presidente Nayib Bukele publicó en un tuit el 30 de diciembre de 2022, en la que expresaba que El salvador debería estar dividido solo en 50 municipios, es para abogados, una economista y un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, una estrategia más del gobierno para profundizar la concentración del poder del Estado.
Pero además, creen que puede reflejar el resquebrajamiento de las finanzas estatales debido al gasto irracional y, más allá de eso, ser una medida política que persigue eliminar a los municipios en donde el Ejecutivo ya pudo detectar que no tendrá réditos electorales en 2024.
“El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, máximo. Es absurdo que 21,000 kms2 estén divididos en 262 alcaldías”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter el 30 de diciembre recién pasado.
De inmediato varios de sus diputados de la bancada oficialista salieron en Twitter a aplaudir esa idea, que aunque no se ha concretizado en una propuesta oficial del Ejecutivo a la Asamblea para que lo aprueben, la sola intención del mandatario deja al descubierto que para este 2023, eliminar a la mayoría de las municipalidades podría ser uno de sus objetivos.
Sin embargo, suprimir alcaldías no solo es una estrategia más del presidente Bukele para concentrar su poder, sino que trae consigo una serie de repercusiones sociales, políticas, económicas, electorales y hasta de identidad cultural, según varios expertos consultados por El Diario de Hoy.
De hecho, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, analiza que detrás de este plan, Bukele va por el control total de El Salvador profundizando la militarización, y que tal parece que los gobiernos locales le estarían haciendo estorbo para lograrlo.
“Esa es su visión política, su principal instrumento político, incluso, no es tan siquiera su partido Nuevas Ideas o GANA. No, el principal instrumento de dominación política que está utilizando es la Fuerza Armada, es la militarización de la sociedad. Eso aclara la idea que se ha venido denunciando, que es dictadura en proceso de consolidación y una dictadura militar”, expresó Chicas.
Para la abogada Ruth Eleonora López, jefa Jurídica y Anticorrupción de Cristosal, el anuncio de Bukele de poder eliminar a la mayoría de las alcaldías, “lleva a otra vuelta de tuerca de la concentración de poder y la centralización de decisiones”.
El análisis que hacen López y el abogado constitucionalista Jonathan Sisco es que una eventual anulación de las alcaldías deja por fuera la participación ciudadana en las decisiones importantes que les afectan o benefician dentro de sus municipios.
“La pérdida de la autonomía municipal es cada vez más obvia y vulnera lo establecido en la Constitución”, señaló López.
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Por su parte, Sisco sostiene que el municipio es la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal, la finalidad de que existan 262 municipios es buscar que los gobiernos locales promuevan el desarrollo interno, que las políticas públicas se implementen con la debida consulta popular y que la gestión pública sea transparente.
Considera que eliminar municipios puede fomentar actos de corrupción y el fraude electoral por medio de gerrymandering (manipulación de circunscripciones).
También dice que se facilita la centralización de fondos municipales sin contraprestación, se pueden eliminar aranceles e impuestos municipales en megaproyectos, además se podrían dar facilidades para la industria minera o para proyectos que generan impacto o daño ambiental, es decir, que se eliminarían ciertos límites que ahora dependen de las municipalidades.
El anuncio de Bukele lanzado en Twitter no es un hecho aislado dicen los expertos, ya que desde antes el gobierno de Bukele ha llevado a cabo medidas atentatorias en contra de las alcaldías.
Esto va desde la reducción del 85% del FODES para trasladarlo a la Dirección de Obras Municipales (DOM), una entidad recién creada y controlada por el Ejecutivo, la eliminación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM); hasta nuevas normativas y reformas a leyes que han dado más poder al gobierno por sobre las municipalidades, entre ellas, la Ley de Expropiación aprobada por la Asamblea en noviembre de 2021.
El exmagistrado Chicas agrega que el resultado de las decisiones “improvisadas” y “ocurrentes” de Bukele, ha sido puesto en la palestra pública con uno de los hechos más notorios de la crisis que atraviesan las alcaldías. Este ha sido el encarcelamiento de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano.
“Cuando vemos la situación trágica por la que están pasando un conjunto de alcaldías, de las que Soyapango es apenas la punta del iceberg, la crisis de Soyapango, eso tiene que ver con que en el país se perdieron las capacidades de acompañamiento técnico, de asesoría y de capacitación con la eliminación del ISDEM”, sostuvo Chicas.
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“Nada es aislado, todo es parte de una estrategia para restarle poder al ciudadano, concentrar poder y reorientar fondos para las áreas de más interés como la publicidad a costa del trabajo de la gente. Electoralmente también tiene un impacto por la modificación de las circunscripciones, esto lleva a la manipulación del resultado electoral”
Ruth eleonora lópez, jefe juridica y anticorrupcion de cristosal
Precisamente, la abogada López dice que una arista que debe analizarse es la falta de preparación de decenas de alcaldes.
“El ejercicio de la función pública debe ser acompañado de límites y especialmente de controles que no están funcionando frente al voluntarismo y a la falta de contrapesos reales dentro de los concejos municipales”, ahondó López.
Además de concentrar el poder del Estado, los abogados consultados y el exmagistrado Chicas creen que puede estar motivado por el resquebrajamiento financiero del Estado.
“La propuesta es una más de las expresiones de la desesperación financiera del gobierno que busca compensar los gastos exorbitantes en gastos superfluos, como la publicidad, con la reducción de empleados públicos y entre éstos los municipales”, afirmó López.
La abogada recuerda que el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, anunció a finales de 2022, que habría una reducción de más de 100,000 empleados públicos.
“Téngase en cuenta que, según datos a septiembre del ISSS, hay aproximadamente 35,000 empleados municipales y la modificación administrativa llevaría inexorablemente a la supresión de plazas y a los despidos discrecionales, práctica frecuente del Ejecutivo”, lamentó.