La alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, fue trasladada, el domingo en la madrugada, al centro penal de Apanteos, en Santa Ana, donde estará recluida luego que el sábado el Juzgado de Paz de Soyapango ordenó que deberá continuar en prisión preventiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) la acusó de los delitos de apropiación y retención de cuotas laborales, malversación de fondos, incumplimiento de deberes e infracción a las condiciones laborales o de Seguridad Social.
Además señala que, según las investigaciones, el monto adeudado es de $387,042.71 y corresponde al periodo de septiembre a noviembre de 2022.
El sábado a las 11:37 de la noche, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) informó, en su cuenta de Twitter, que la edil sería trasladada hacia el centro penitenciario.
“Tras recibir la orden del juez, estamos trasladando al Penal de Apanteos, a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, donde estará recluida mientras continúa su proceso judicial”, escribió a esa hora.
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El domingo a las 3:16 de la madrugada, en la cuenta de Twitter se volvió a informar que “la imputada ya está tras las rejas del Centro Penal de Apanteos en Santa Ana, sin ningún tipo de privilegio”.
El abogado defensor de Montano, Miguel Cárcamo, señaló, en una entrevista en Noticiero Hechos, que pediría medidas alternas a la detención para que la funcionaria enfrente el proceso en libertad.
El profesional considera que los delitos por los que es acusada su defendida no son graves. “La imputación no es lo suficientemente fuerte para que se pueda decretar las medidas más gravosas, menos en contra de una funcionaria pública”, expresó el defensor ante de la audiencia.
Montano ganó la silla edilicia bajo la bandera de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021.
Su captura ocurrió el 28 de diciembre de 2022 mientras se encontraba en el despacho municipal.
Bajo un estricto control de seguridad, Montano fue presentada el pasado 11 de enero ante el tribunal Primero de Paz de Soyapango. La Fiscalía presentó el requerimiento judicial cuando se cumplían 14 días de la captura, según los plazos del régimen de excepción, pese a que, según abogados, los delitos que se le imputan son comunes, y no pandilleriles.
Su llegada a los tribunales fue manejada con el mayor de los hermetismos.