En horas de la tarde de este sábado la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra del diputado Alberto Romero Rodríguez, quién ha sido señalado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. De acuerdo con la acusación penal el funcionario “tuvo un incremento patrimonial” de más de $1.16 millones de dólares, mismos “que no ha podido justificar”, según la Fiscalía.
Durante la investigación la Cámara de lo Cámara Segunda de la Sección del Centro de Cojutepeque ordenó a Romero reintegrar $445.766 al Estado, debido a que no ha podido justificar el origen de ese dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana la acusación penal del diputado por el partido ARENA, argumentando 21 irregularidades en los pagos y depósitos bancarios realizados entre el funcionario, su esposa y su hija, detalló la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Una fuente del caso señaló que había realizado un análisis a los productos financieros del diputado y familiares para determinar si existió un incremento patrimonial que diera paso al blanqueo de fondos.
El abogado defensor Ernesto Parada, señaló que “la Cámara Primera de lo Penal ha dictado una resolución y ha valorado todos los elementos que se presentaron en el requerimiento y hoy ha hecho consideraciones que estaban muy endeble a la acusación en cuanto al enriquecimiento ilícito. Que no se llenaban todos los requisitos e hizo valoraciones que nos van a dar por escrito seguidamente. Es decir en este tema de enriquecimiento ilícito no se da, más; sin embargo, se dijo que había indicios de lavado de dinero y en base a ello, como es una pena grave la detención provisional”, señaló.
Parada detalló que alrededor de 100 elementos probatorios se habrían denegado “por tener una acusación un poco confusa”.
Desafuero y detención
El primero de septiembre la Asamblea Legislativa retiró el fuero constitucional al diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lo suspendiéndole sus funciones y remitió la causa a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
Dicho proceso de antejuicio y desafuero fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar un supuesto cometimiento de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por parte del diputado.