Tres empleados de la Corte de Cuentas de la República (recientemente separados de la institución) fueron enviados a prisión preventiva, mientras enfrentan el delito de incumplimiento de deberes, según la Fiscalía General de la República (FGR).
Los tres empleados habrían dejado de cumplir con sus deberes como empleados de la Corte de Cuentas, al desaparecer hallazgos de corrupción o mala administración, en exámenes de auditoría realizados a la alcaldía de Chinameca, departamento de San Miguel, según fuentes fiscales cercanas al proceso.
“La @FGR_SV logra que exfuncionarios de la Corte de Cuentas permanezcan en prisión provisional. Los imputados realizaron auditorías financieras a la alcaldía de Chinameca, San Miguel, y a pesar de haber encontrado irregularidades emitieron informes en limpio”, informó el pasado 31 de julio.
Se trata del exdirector regional (la máxima autoridad de la Corte de Cuentas en la región oriental) Israel Pereira Márquez, el exjefe de equipo de auditores, Ramón Armando Alvarado, y Manuel Enrique Díaz Paiz, ex subdirector regional. Este último, según fuentes cercanas a la investigación, no había sido capturado junto con los nueve empleados detenidos el 5 de julio anterior.
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De acuerdo con las fuentes, este caso surgió por una denuncia anónima que la Corte de Cuentas recibió, en la cual se señalaba a los tres imputados arriba mencionados y a tres mujeres, auditoras de la oficina regional de San Miguel.
Los entonces empleados y funcionarios de la Corte de Cuentas “excluyeron dieciocho observaciones comunicadas al concejo municipal de Chinameca, según orden de trabajo DRSM-034/2017, de fecha 11 de mayo de 2017”, reza la denuncia, la cual añade que el período auditado fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
“…el alcalde y el concejo municipal le cancelaron la cantidad de $15,000.00 a Ismael Pereira Márquez, Manuel de Jesús Paiz, Lic. Ramón Armando Alvarado”, reza en parte una denuncia de la cual, supuestamente, partieron la Fiscalía y la Corte de Cuentas para investigar a una red de aproximadamente 20 empleados de la ofician de San Miguel.
La audiencia contra los tres exempleados de la Corte de Cuentas fue realizada el 31 de julio anterior en el Juzgado 10 de Paz de San Salvador.
Según la Fiscalía, este proceso fue enviado al Juzgado Primero de Crimen Organizado de San Miguel donde fueron acusados los mismos tres empleados a mediados de julio y que, en la audiencia de imposición de medidas, fueron dejados en libertad bajo medidas, es decir, que fueron favorecidos judicialmente al no enviarlos a prisión provisional a condición de que no salieran del país, no cambiaran de domicilio y que se presentaran a firmar cada cierto tiempo al referido juzgado.
La supuesta red de funcionarios y empleados de la Corte de Cuentas que la Fiscalía dice haber desbaratado, fue denunciada a principios de 2020.
El Diario de Hoy publicó sendos reportajes en los que se expuso el supuesto contubernio que existía entre muchos empleados de la Corte de Cuentas de la Región Oriental con múltiples alcaldías de esa misma zona.
De acuerdo con fuentes vinculadas a esa investigación, fueron muchos los alcaldes y miembros (algunos) de concejos municipales que pagaron entre $10,000 y $40,000 para que desvanecieran hallazgos graves de malversación de fondos municipales y, posteriormente, elaborara informes de auditoría en limpio, es decir, que los alcaldes y regidores corruptos salían bien librados.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre captura de alcaldes y concejales que pagaban tales favores a los funcionarios y empleados de la Corte de Cuentas de la República.