La Fiscalía General de la República informó el viernes sobre una demanda presentada en contra del exdiputado del FMLN, Medardo González, por presunto enriquecimiento ilícito durante los periodos legislativos comprendidos entre 2012 y 2018, cuando fungió como diputado propietario por el departamento de San Salvador.
La acusación también se extiende a la esposa del exfuncionario, Sonia Ernestina Paredes de González, y a sus hijos Luis Antonio Portales y Medardo Romeo González. El Estado salvadoreño reclama a González y a su núcleo familiar un monto total de $153,346.55.
De acuerdo al Ministerio Público, los acusados no justificaron en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Corte Suprema de Justicia ingresos superiores a los $70,000.
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Al grupo familiar "se le reclaman doce irregularidades que no pudieron justificar en concepto de depósitos realizados en efectivo, transferencias internacionales, así como la adquisición de bienes inmuebles, y el pago de tarjetas de crédito en dichos periodos", dijo la Fiscal del caso.
A Medardo González se le reclaman dos irregularidades por un monto de $3,892.57. En la declaración de patrimonio de su esposa se encontraron siete irregularidades por un monto total de $70,505.98, señala la Fiscalía.
A Luis Antonio Portales y Medardo Romeo González, ambos hijos del ex secretario del FMLN, se les acusa por enriquecimiento por un monto de $8,948 y $70,000, respectivamente.
Que se respete el debido proceso"
“Esperamos que se respete su derecho a la defensa, y los derechos que le confiere la Constitución de la República”, dijo Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN sobre la demanda presentada en contra del exsecretario general del frente.
El representante del partido de izquierda se refirió además a un clara intensión por parte de la administración actual de cara a las elecciones la cual asegura busca desestabilizar al partido y los avances que ha tenido en el proceso de reestructuración.
“Esperaríamos que no vaya a ser parte de lo que ya hemos denunciado cuando empezó la persecución política hacia algunos exfuncionarios del FMLN y que se agudizó con muchos de nuestros alcaldes a los que se les obligó a renunciar", agregó Guevará.
Wilson Sandoval, coordinador de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac), considera que es positivo que la Fiscalía investigue y que aplique la ley como corresponde, no obstante, advierte, resulta preocupante que el Ministerio Público que también tiene suficientes elementos para poder investigar a otros exfuncionarios y funcionarios “muchos de ellos del circulo cercano al presidente de la República”, y que, considera, han sido acusados incluso de delitos más graves, no los investigue.
“No podemos dejar de señalar los sancionados por los OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro), o sancionados en el marco de la lista Engel quienes tienen señalamientos relacionados a temas como el lavado de activos, el narcotráfico, corrupción, entre otros, en ese sentido queda en duda si la Fiscalía en realidad hace un trabajo objetivo y si se está investigando a todos aquellos vinculados en actos de corrupción independientemente de donde venga”, enfatiza.
Para el experto, la Fiscalía está en deuda, pues tampoco no se han investigado delitos como los denunciados por la CICIES por negociaciones ilícitas y relacionados a funcionarios públicos de la administración actual.
“Una justicia verdadera, objetiva e integral va a ser aquella que toque tanto a los rivales políticos del gobierno en turno, pero principalmente se marcaría una diferencia esencial cuando toquen a los actuales funcionarios o políticos en el poder”, sentencia.