Una investigación conjunta de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal reveló que hay “un número creciente de evidencias” que indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de Derechos Humanos desde que el presidente Nayib Bukele ordenó el régimen de excepción, el pasado 27 de marzo.
Ambas organizaciones, que están trabajando conjuntamente para monitorear la implementación del régimen de excepción, han recibido denuncias de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban bajo custodia.
Tras más de 30 días de la implementación del régimen de excepción en el país, se han reportado decenas de denuncias y hasta la muerte de cinco personas por detenciones arbitrarias y excesos de fuerza. Hasta la madrugada del 2 de mayo, la PNC registraba 22,754 arrestos.
“Durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
“En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa, la cual ahora ha permitido 30 días más de violaciones de derechos humanos”, agregó.
El régimen de excepción fue ordenado por el presidente después que en un solo día fueron asesinadas 62 personas, en contraste con los bajos niveles de homicidios durante los últimos años, que las autoridades atribuían a la implementación del Plan Control Territorial.
Los hallazgos preliminares de la investigación conjunta se basan en 43 entrevistas con víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron sus testimonios.
El Salvador: Authorities have committed serious abuses since adopting the "state of emergency."
We have documented dozens of arbitrary arrests, including some that could amount to short-term enforced disappearances.
Joint report with @Cristosal: https://t.co/lJdZcqssQ2 pic.twitter.com/UPb9Zxj5Bf
— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) May 2, 2022
En el análisis de las evidencias participaron reconocidos expertos forenses, integrantes del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT).
Cristosal y Human Rights Watch documentaron evidencias de primera mano que indican que en 34 de las 40 denuncias de abuso, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle.
En 11 de los casos documentados, cuando las víctimas preguntaron por qué estaban siendo detenidas, los agentes dijeron que “cumplían órdenes de arriba”.
En algunos casos, los agentes habrían inspeccionado los cuerpos de las personas detenidas buscando tatuajes, al parecer como prueba de su supuesta participación en pandillas.
Muchos entrevistados dijeron que sus familiares no tenían tatuajes o tenían tatuajes que no hacían alusión a las pandillas.
El informe señala que en 12 de los 40 casos, testigos vieron a agentes de las fuerzas de seguridad tomar fotografías de las personas al momento de la detención.
En algunos de estos casos, las fotografías fueron publicadas más tarde en las redes sociales de las fuerzas de seguridad.
Las publicaciones acusaban a los detenidos de ser pandilleros o “terroristas”, antes de haber sido presentados ante un juez.
En cinco casos, los testigos indicaron que policías o soldados habían golpeado a las personas mientras estaban siendo detenidas.
También, en otros casos, los policías indicaron a familiares de las personas detenidas que ellos también serían arrestados si no “dejaban de hacer preguntas”.
En cinco casos, según los familiares, los agentes se negaron a brindar información sobre el paradero de los detenidos aun cuando sus familiares visitaron múltiples centros de detención para averiguar si estaban allí.
Además, 24 detenidos estuvieron incomunicados por días o semanas.
En 19 casos, los familiares dijeron que todavía no saben dónde se encuentran sus seres queridos y no han podido comunicarse con ellos por días o, en algunos casos, semanas.
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Human Rights Watch y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia.
Entre ellos, la muerte del músico Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, quien murió el 19 de abril, en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate después de que fuera trasladado en un pick up en condiciones graves desde el penal de Izalco.
Elvin había sido enviado a ese penal después de ser capturado el 3 de abril cuando iba junto con un amigo a ver un partido de fútbol en el cantón El Carrizal, en Santa María Ostuma, durante el régimen de excepción.
Pese a la petición de los familiares, las autoridades no cedieron para hacerle la autopsia al cadáver.
Foto EDH Cortesía
Los restos del joven fueron entregados a la familia junto con un documento en el que se especifica que la causa del fallecimiento fue “hipertensión” y “muerte súbita”.
Rusudan Beriashvili y James Lin, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, analizaron las fotografías del cadáver de Elvin a pedido de Human Rights Watch y Cristosal.
Los expertos señalaron que “parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos”.
También señalaron que la muerte de Sánchez Rivera era “sospechosa” y que la presunta ausencia de una autopsia era gravemente preocupante e inconsistente con estándares internacionales y prácticas médicas ampliamente aceptadas.
Un segundo caso analizado es la muerte de Walter Vladimir Sandoval Peñate, un trabajador agrícola de 32 años, murió el 3 de abril, había sido detenido el 30 de marzo acusado por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 4 de abril, un empleado de una funeraria se acercó al domicilio de Sandoval Peñate y les informó que había fallecido.
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Un informe del Instituto de Medicina Legal de El Salvador indica que murió debido a “trauma cerrado de tórax severo”. En fotografías de su cuerpo se observan múltiples contusiones.
Human Rights Watch y Cristosal señalaron que las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de realizar investigaciones exhaustivas, oportunas e independientes sobre abusos y muertes ocurridas bajo custodia.
“La forma de prevenir estos abusos es poner fin al régimen de excepción, garantizar los derechos al debido proceso y respetar la independencia de jueces y fiscales”, señaló Taraciuk Broner.
Al 26 de abril, ambas organizaciones estaban analizando más de 200 denuncias adicionales, incluyendo más de 160 detenciones arbitrarias identificadas por Cristosal.