La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, aseguró el 7 de febrero que tiene evidencias de la venta de plazas de maestros interinos, las que podría sacar a luz en caso se complique la situación con las gremiales de maestros.
“Esas mismas instancias que supuestamente seleccionaban y evaluaban, que no era el criterio principal de la calidad de educación y la idoneidad del maestro daban las plazas, incluso, las vendían, yo tengo testimonios de gente que pagó o que no pudo acceder porque no pudo pagar”, dijo Hananía de Varela en el programa de opinión Las Cosas como Son de ITV El Salvador.
La ministra dijo tener testimonios escritos y documentados y agregó: “Si la cosa se pone más compleja, yo puedo sacar esos testimonios. Las personas que le pagaron, a quiénes les pagaron, con nombre y apellido. Espero no llegar a eso”.
Las aseveraciones anteriores fueron hechas por la ministra Hananía de Varela ante los señalamientos de asociaciones de sindicalistas de la referida cartera de Estado de haber violado el artículo 40 de la Ley de la Carrera Docente de quitarle potestad a los consejos directivos escolares de contratar a los maestros interinos, algo que la ministra niega.
Ante las afirmación de la ministra, acerca de tener pruebas de la compraventa de plazas de maestros interinos, la abogada Sulen Ayala explicó que De Varela podría presentar esa denuncia ante la Junta de la Carrera Docente y ante la Fiscalía. Pues la primera es la instancia administrativa encargada de revisar cuáles son la plazas en cuestión y los requisitos para asignarlas. “Pero como ella habla de que ha habido dinero de por medio para que puedan ser calificados estos maestros, si ella cuenta con esta información es su deber, su obligación y su responsabilidad acudir a la Fiscalía”.
Además, Ayala considera que el hecho de que la ministra use esta presunta información para presionar a los sindicalistas es “peligroso”.
Consultado al respecto, el exmagistrado y exministro de Educación, René Hernández Valiente, afirmó que la funcionaria podría estar incurriendo en el delito de encubrimiento, pues “la Constitución obliga a que todo funcionario público, que sepa que ha habido un delito cometido por otros funcionarios públicos, está en la obligación de denunciarlo”.
Además, Hernández Valiente calificó como “muy delicado” el hecho de que la ministra De Varela “solamente amenace” con denunciar, pues “tiene que ir a la Fiscalía a decir quién ha cometido el delito o a dónde se cometió el delito para que la Fiscalía investigue”.
“La Constitución obliga a que todo funcionario público que sepa que ha habido un delito cometido por otros funcionarios públicos, está en la obligación de denunciarlo, de lo contrario cae encubrimiento”.
Por su parte, la abogada penalista Marcela Galeas aseguró que es obligación de la funcionaria denunciar esas irregularidades ante la Fiscalía General para que determine si hay delito que perseguir. “Se tendría que analizar si se han consumado o no las conductas, si efectivamente se entregó dinero por una plaza y fue nombrado el maestro. Si se configura el cohecho impropio (soborno), estaría en obligación como ministra de denunciarlo ante la FGR”, dijo Galeas.
Agregó que previo a una posible denuncia se tendrá que abrir un proceso ante la Junta de la Carrera Docente “por no atenderse lo establecido en la Ley de la Carrera Docente para el otorgamiento de la plaza”. Añadió que si existen indicios de delitos, lo pertinente es que se denuncie ante la Fiscalía General para que se hagan las investigaciones para determinar responsabilidades, pero siempre con el respeto al debido proceso.
Como la ministra dijo tener testimonios de afectados, la abogada Galeas considera que deben de “haber otros elementos probatorios periféricos que los confirmen para que estemos hablando de delito y esto se podría dar después de una investigación que vendría a derivarse en un proceso judicial”. Señaló que por la “posición de garante sobre la administración de todo lo que tiene que ver en el rubro educativo, debido a que ella es la titular y con ello se le confiere una responsabilidad legal, por esa razón, ella debería de activar las investigaciones concernientes a esa situación, si es que existen indicios que sean ciertos”.
Galeas señaló que ella no debe utilizar ese tipo de discurso para amedrentar a los sindicatos, ni los sindicalistas deben dejar de cuestionar los desaciertos de su gestión.