Abogados y analistas coincidieron en que la intervención del gobierno a la empresa de transporte de Catalino Miranda es una “expropiación” por parte del régimen de Bukele.
La abogada constitucionalista Erika Saldaña escribió en su cuenta de Twitter: “hasta para la expropiación existen procedimientos establecidos en la ley, los cuales deben cumplirse. Lo que están haciendo con el servicio público de transporte no está amparado en la Constitución. Como siempre, interpretaciones tergiversadas”.
Agregó que “una cosa es prestar el servicio público con tus propios medios y otra distinta el hacer una especie de expropiación de medios (sin indemnización) para prestar el servicio público”.
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El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán escribió en su cuenta de Twitter: “El artículo 110 de la Constitución permite al Gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el artículo 106”.
Por su parte, la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva consideró que “hay una gran diferencia entre el texto de la Constitución de que “El Estado podrá tomar a su cargo LOS SERVICIOS PÚBLICOS...”(Art. 110 Cn.) Y pretender tomar los bienes (en este caso, buses) del proveedor privado que presta el servicio. [Al margen de lo que opine del proveedor]”.
También la abogada penalista, Marcela Galeas, cree que “la expropiación autoritaria de bienes en razón de inventos políticos, no tiene fundamento jurídico, tampoco puede justificarse bajo la premisa de interés público o beneficio social cuando el lucro será manejado de forma discrecional”.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que “estos casos lo que tienen en el fondo es un tema de afectación a la seguridad jurídica de la sociedad porque no están respetando el debido proceso y las garantías que deben de existir cuando se da una afectación de derechos”.
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Agregó que la Constitución prohíbe las confiscaciones y también que “en los casos en que puede tomar la prestación de servicios no debe de entenderse como que les habilita para expropiar sin el debido proceso y sin indemnización a las personas”.
La abogada Ruth Eleonora López lo interpreta así: “Exprópiese...al mejor estilo de (Hugo) Chávez ( y que conste que para mí el transporte colectivo de un país debe de ser público) pero esto es el colmo, en serio es el colmo. Empresarios, sigan en silencio...que les va a ir bien...”.
La activista pro derechos humanos, Celia Medrano, aseguró que “desde el 9F es clara la militarización de la política para afianzar poder a través de la fuerza militar”. Agregó que “el control del servicio de transporte se inicia con fuerza militar, independientemente de la impopularidad de algunos empresarios. Las acciones de este fin de semana rompen con márgenes básicos de legalidad”.