Laura Hernández, abogada especialista en tecnologías, cuestionó la postura que mostró el presidente Nayib Bukele ante la petición que tres senadores estadounidenses han hecho a la administración de Joe Biden para que investigue sobre los riesgos que implica la adopción del Bitcoin en El Salvador.
El mandatario reaccionó en Twitter de manera burlona a una propuesta de ley para vigilar la implementación del criptoactivo en el país que presentaron los legisladores norteamericanos y dijo que estos no tienen jurisdicción sobre esa materia.
A través de la misma red social, la experta explicó las razones por las que, según ella, los funcionarios estadounidenses estarían interesados en que se conozcan informes sobre el criptoactivo.
"EUA está analizando cómo las decisiones de su socio comercial (El Salvador) pueden impactar el sistema financiero de EUA, el combate al crimen, y a los inversores", dijo Hernández.
La abogada detalló los puntos que "los senadores de EUA han pedido al Secretario de Estado, jefes de departamentos y agencias federales" para investigar sobre el Bitcoin.
Los senadores Jim Risch y Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador Bill Cassidy buscan conocer cómo la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal presenta riesgos tales como el lavado de dinero, el empoderamiento de grupos criminales, como carteles de la droga, y el debilitamiento de la capacidad del sistema financiero internacional de regular transacciones y establecer sanciones.
Napoleón Campos, experto en temas internacionales, se sumó a las críticas por la postura de Bukele y aseguró que los senadores sí tienen jurisdicción para solicitar la investigación sobre el Bitcoin en el país basados en el tratado comercia que sostienen ambas naciones.
"La reacción del Sr. Nayib a la petición de Senadores al Departamento de Estado para que les informe sobre el #bitcoin en #ElSalvador es errónea y derrocha ignorancia", señaló Campos en Twitter.
Añadió: "La petición no es intromisión en nuestros asuntos internos, pues se fundamenta en el tratado comercial CAFTA-DR".
El analista explicó a El Diario de Hoy que el Bitcoin afecta "por lo menos cuatro capítulos del acuerdo comercial CAFTA: el capítulo sobre inversiones, comercio transfronterizo y servicios, servicios financieros y comercio electrónico".
Por tal razón, sostiene "que los senadores están en pleno derecho de pedir los informes, porque también tienen a la base la normativa salvadoreña, osea nuestra Constitución que establece claramente en el artículo 144 que los tratados y convenios son por un lado ley de la República y que en caso de conflicto con las leyes secundarias, como el decreto legislativo Ley Bitcoin, en caso de colisión, los tratados y convenios están por encima, son norma superior".