El alto costo de la canasta básica, la inestabilidad laboral, la no criminalización de los sindicatos, bajos salarios y pensiones dignas están entre los temas que la clase trabajadora busca reivindicar este próximo 1 de mayo.
Dirigentes sindicales y de gremiales como Simeduco, Central Sindical, Sitrasalud y el Sindicato de trabajadores de Conamype, que forman parte de la Confederación de trabajadores salvadoreños y la Alianza Nacional de Trabajadores, señalan que marcharán desde diferentes puntos del país el Día del Trabajo para exigir al gobierno que garantice mejores condiciones para el sector y la sociedad en general, que busca apalear la grave crisis económica que se vive en el país.
A los activistas les preocupa la persecución y criminalización que se ejerce desde las diferentes instituciones de gobierno.
“Estamos en un momento en el que el salvadoreño no logra una economía fluida debido a la inestabilidad en las instituciones públicas y privadas, que no garantizan estabilidad laboral”
Stanley quintero, cENTRAL SINDICAL
Stanley Quintero, secretario de Central Sindical, destaca que desde el gobierno se han cometido graves atropellos a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores.
“Un dirigente sindical no puede estar para exigir derechos conquistados porque lo criminalizan, lo amenazan con un régimen de excepción por el hecho de protestar y reclamar exigencias que tal vez están plasmadas en un contrato colectivo, muchos de nuestros compañeros están detenidos”, expone.
Para el dirigente sindical, durante la actual gestión existe un grave irrespeto y violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los cuales El Salvador es adscrito, así como a derechos constitucionales tales como a la libre sindicalización y a la movilización pública.
Sobre este tema, Erick Zelaya, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de Conamype, señala que dentro de las instituciones públicas existe una tendencia a que no respetan las prerrogativas de este sector.
“Nuestra principal demanda es el respeto a la sindicalización en todas las instituciones de gobierno”, señala. Coincide en que existe una marcada discriminación a los trabajadores que se han mantenido independientes al gobierno.
“Hay una discriminación hacia los miembros dirigentes, bloqueos por ejemplo al derecho de ascensos, en Conamype hay compañeras que han pretendido aplicar a plazas y no han sido tomadas en cuenta por ser del sindicato, ha habido despidos de directivos sindicales, hay violación a la libertad sindical”, acota.
Daniel Domínguez, de Simeduco, opina que se les ha etiquetado como enemigos por el simple hecho de no comulgar con las ideas y el accionar de la actual administración.
““La canasta básica está llegando a valores sumamente elevados, lo que significa que hay un alto costo de la vida que no está corte acorde a los salarios actuales”.”
MATEO RENDÓN, GREMIAL DE AGRICULTORES CAMPO
“Cualquier sindicato que esté en contra del gobierno se vuelve enemigo del gobierno”, sentencia y añade: “Somos víctimas de persecución, nos amenazan que nos van a meter presos bajo un régimen de excepción que consideramos ahora están utilizando para tener amenazados a los salvadoreños y perseguir a sus detractores”.
Despidos injustificados
Sobre los constantes despidos en el sector público denuncian que son unas 100,000 personas las que se han quedado sin empleo en las diferentes instancias de gobierno.
Estos atropellos han sido ampliamente denunciados ante la CSJ y la comunidad internacional. Son más de 42 dependencias del estado, alcaldías gobernadas por el partido del oficialismo, la Asamblea Legislativa y el TSE, entre otros, donde los despidos continúan.
Los trabajadores denuncian que los despidos iniciaron el 1 de junio de 2019 tras la entrada al poder de Nayib Bukele, y exigen al gobierno el reinstalo a sus puestos de trabajo.
Son familias que se han quedado sin su fuente de ingresos, acota.
Denuncian además graves desalojos en el sector informal a quienes no se ha brindado alternativas.
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Quinteros resalta que durante esta gestión muchos de los trabajadores públicos han sido presionados para renunciar o para continuar en sus puestos, pero con salarios más bajos, lo que, opina, se traduce en una grave afectación al artículo 52 de la Constitución de la República el cual establece que los derechos a favor de los trabajadores son irrenunciables.
Alto costo de la canasta básica
Sindicalistas y otros sectores como la Gremial de Agricultores CAMPO señalan “graves” retrocesos en materia laboral en el país, condición que aseguran está marcada por un salario mínimo que no cumple con las necesidades del pueblo.
Asimismo denuncian hay mucha inconformidad con el tema de las pensiones y preocupación por la inestabilidad que han creado las diferentes autoridades de gobierno desde las instituciones públicas, autónomas, municipales.
Los trabajadores ahora se ven afectados además con servicios básicos con costos elevados y precios de los productos altos que no se alcanzan a cubrir en los hogares, coinciden.
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Proponen un salario mínimo de $500 y un sistema de pensiones que cubra un 75 o 80% de los salarios.
Mateo Rendón, de la gremial de agricultores CAMPO, señala que el costo de los insumos agrícolas ha subido el ciento por ciento, y que el Estado debería en este momento de crisis tomar medidas concretas como quitar el IVA.
Asegura han hecho la petición a la Asamblea Legislativa en reiteradas ocasiones, sin tener respuesta.
Para los activistas, este 1 de mayo saldrán a las calles a manifestarse, no por temas políticos, si no por exigencias populares, y demandar se respeten esos derechos establecidos en la Constitución de la República, y medidas que vayan en función de las necesidades de la población y la clase trabajadora.