El proyecto de ley aprobado por el Senado de Florida ha sido criticado en las últimas horas por colectivos como la comunidad venezolana que reside en el estado.
La SB 1808 y su proyecto similar de la Cámara de Representantes HB 1355, busca prohibir los contratos del Gobierno estatal y de los locales con empresas que brinden transporte a menores no acompañados.
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La misma ley amplía la definición de “política de santuario” para evitar que se limite o prohíba que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tiene competencia exclusiva en esa materia.
Si el proyecto de ley se aprueba, las agencias que operan centros de detención deberán firmar acuerdo con Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
El arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, ha denunciado además que esta ley obligaría a cerrar albergues que acogen a menores inmigrantes que llegan al país sin compañía de sus padres o tutores.
Esto debido a que se eliminarían los fondos estatales a cualquier agencia, incluida Caridades Católicas, que brinda servicios a indocumentados.
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Otros que también condenaron esta aprobación de proyecto son La Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC), quienes ven la medida perjudicial para los trabajadores del estado que tiene “escasez de mano de obra”.
ABIC denunció que en la forma que está redactado el proyecto, puede perjudicar a venezolanos de Florida con TPS, al marcarlos como “deportables, incluso si están autorizados” a residir en el país.