El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, denunció la existencia de un plan de “golpe de Estado” para impedir que asuma el poder en enero de 2024 tras ganar el balotaje del 20 de agosto.
“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado [del balotaje] y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, dijo Arévalo cuatro días después de que la justicia inhabilitara su partido, Semilla.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso”, agregó en rueda de prensa Arévalo, hijo de un presidente que dejó huella en el país, y quien ganó el balotaje con el 58% de los votos con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, mal endémico en el país.
Su amplio triunfo es atribuido a que generó esperanzas de cambio en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, que inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar. Pero su ascenso al poder ha alarmado a la élite política y empresarial, acusada de ser corrupta.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto”, continuó Arévalo.
“Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían de garantizar la justicia en nuestro país, encabezada por la fiscal general, consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos”, añadió.
Hace más de una semana, las autoridades reforzaron la seguridad del presidente electo ante informes de un posible atentado en su contra, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), Roberto Arzú García-Granados, denunció recientemente que la estrategia para no darle el poder a Arévalo de León sería confirmar la suspensión del partido Semilla y así generar las condiciones para que Giammattei entregue el poder al Congreso, donde su partido, Vamos, tiene mayoría.
“Debilitan la autoridad”
Al ser inhabilitado, Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados.
Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados.
“Están debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que legalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala”, dijo Arévalo.
“Pueda ser que estén utilizando (la judicalización) como elemento de presión para guiarlo a negociar, pero sobre bases espurias, de darles impunidad o cuotas de poder” a las mafias de la corrupción, consideró a la AFP el analista independiente Luis Linares.
“Si Semilla pierde la personería jurídica, la única implicación que hay es que sus diputados no asumirían como miembros de una bancada. No perjudica la toma de posesión de los diputados ni mucho menos del presidente y la vicepresidente porque no tendría efecto retroactivo de cancelar las postulaciones”, afirmó Linares.
La cruzada contra Semilla la lanzó el fiscal Curruchiche luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio y pasó al balotaje con la exprimera dama Sandra Torres, quien era vista como la candidata del continuismo a pesar de ser nominalmente socialdemócrata.
“Como presidente electo de la República hago un llamado a [...] todos los guatemaltecos que rechazamos la corrupción y el autoritarismo a unir fuerzas en defensa de la democracia”, insistió Arévalo.
Guatemaltecos salen a protestar
Alrededor de 4.000 guatemaltecos se manifestaron este sábado en contra del “golpe de Estado” denunciado por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, quien acusa al Ministerio Público (Fiscalía) de llevar a cabo un plan para evitar su investidura en enero.
La protesta tuvo lugar en la plaza central de Guatemala frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside Alejandro Giammattei.
Al grito de “¡fuera golpistas!”, la mayoría de consignas por parte de los manifestantes pidieron por la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
En Washington, el jefe de la Misión Electoral de la OEA en Guatemala, Eladio Loizaga, también advirtió este viernes sobre un posible “rompimiento del orden constitucional en Guatemala” por las acciones contra el partido de Arévalo.
“Las implicaciones de estas decisiones [de la justicia guatemalteca] aún no son claras, aunque diversos actores han insinuado que la intención es precisamente impedir la adjudicación de cargos a las autoridades electorales”, afirmó Loizaga.
Esto “en definitiva sería un rompimiento del orden constitucional y un quebranto de la voluntad ciudadana expresada contundentemente en las urnas” en el balotaje, agregó el excanciller paraguayo.
Loizaga habló en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Guatemala tras las órdenes judiciales, solicitadas por la Fiscalía, contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla, que quedó inhabilitado el 28 de agosto.
“La Misión considera que el abuso de los instrumentos legales y uso de artilugios sigue provocando un alto grado de incertidumbre en el proceso y pone en riesgo la estabilidad democrática del país, situación por lo demás preocupante”, puntualizó.