El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, expuso un “panorama desconsolador” en el continente para los periodistas y medios independientes.
“El irrespeto al trabajo de los periodistas y medios es colosal, tanto de dictadores, gobernantes autoritarios, narcotraficantes y funcionarios democráticos de la boca para afuera”, declaró Canahuati durante la sesión de medio año del foro continental.
Pese a lo anterior, llamó a “no bajar la guardia” frente a esos desafíos, así como los efectos de la pospandemia y la invasión de Rusia contra Ucrania.
Los informes de la situación de la prensa en los distintos países, presentados durante la reunión, apoyan las palabras del presidente de la SIP.
Por ejemplo, Costa Rica denunció una serie de atropellos a la libertad de prensa y al ejercicio de los profesionales de la comunicación cuando realizan sus coberturas periodísticas.
Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra y representante de Costa Rica ante la SIP, expuso que el hermetismo oficial continuó pese a un recurso de amparo interpuesto por Diario Extra y a que se trata del manejo de datos de interés público.
Asimismo, Gómez lamentó un reciente fallo de la Sala Constitucional determinó que no es obligatorio que un funcionario público rinda cuentas mediante una entrevista y dejó la posibilidad de que el funcionario responda por escrito.
El informe de la SIP se suma a uno del Departamento de Estado de los Estados Unidos que denunció que el secretismo manejado por el gobierno de Carlos Alvarado atenta contra los derechos humanos.
En Ecuador privan las amenazas, la intimidación y los ataques a periodistas por parte de fuerzas del orden y grupos escondidos en el anonimato.
“La labor de los medios de comunicación se ha visto entorpecida por la fuerza pública, policía metropolitana y empresas de seguridad que prestan servicios a los municipios», así como por funcionarios que, «valiéndose de sus cargos, han pretendido intimidar a periodistas con ataques verbales y físicos”, advirtió la SIP en el capítulo sobre Ecuador.
La SIP afirmó que “causó preocupación la aparición de grupos armados que, con el pretexto de la situación de emergencia que ha sucedido en los centros penitenciarios del país, lanzaron amenazas contra periodistas y medios”, específicamente contra el medio digital “La Posta” y el periodista Anderson Boscan, del mismo medio, referida a la actuación de la Policía durante motines carcelarios registrados en Guayaquil.
El informe, aún pendiente de aprobación por la SIP, también anotó que la Policía agredió a periodistas del canal de televisión Teleamazonas cuando realizaban la cobertura de un accidente de tránsito y un equipo del medio digital Plan V fue obligado a abandonar una instalación judicial por presión de policías.
Entre otros hechos relevantes en este periodo, la SIP recordó que en octubre pasado el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dirigió una carta a la dirección de El Universo, en la que descalificó a periodistas de este diario y advirtió de «ponerles límites» debido a su participación en la investigación global de los llamados «Pandora Papers», en la que figura el mandatario.
Mientras tanto, la SIP consideró que las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la prensa abonan a un “clima de descomposición” y violencia en un país que suma ocho periodistas asesinados en lo que va del año.
“En tres años, Artículo 19 ya contabilizó 1,945 ataques a la prensa provenientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como 30 asesinatos a periodistas y dos desapariciones. Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85%”, inicia el informe sobre México, que está pendiente de ser aprobado en la reunión de medio año del organismo.
Debido a los ataques a la prensa y los profesionales asesinados, comunicadores de todo le país realizaron en los últimos meses protestas de diversa índole para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero también el cese de las “expresiones de estigmatización” proferidas por la Presidencia.
Sin embargo, el mandatario, según la SIP, “ha minimizado esas exigencias”, insiste en que las cifras de la violencia en México han disminuido y asegura que los medios tratan de perjudicar su imagen con sus críticas.
En Bolivia prevalecen la impunidad judicial en los casos de agresiones a periodistas y las restricciones para la cobertura informativa de interés público.
Preocupa que la Fiscalía y la justicia soslayen el tratamiento de casos alarmantes como el secuestro de seis reporteros que cubrían el avasallamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz, en octubre pasado. Dos personas fueron detenidas, pero la investigación permanece inconclusa debido a cambios de los responsables de recolectar antecedentes y a los lentos procedimientos para la detención y el enjuiciamiento de unos 80 encapuchados que fueron responsables del secuestro y la tortura.
La retención ocurrió en la población de Guarayos, durante siete horas, y terminó con una golpiza y destrucción de equipos de grabación de video con disparos de armas largas. El Gobierno ha calificado el hecho como un simple incidente, mientras los afectados consideran que su vida estuvo en riesgo por el grado de violencia ejercida y las amenazas.