La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) consideró este viernes que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no podrán eludir la justicia, pese a retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo se retirará definitivamente de la OEA este domingo 19 de noviembre de 2023, evidenciando su voluntad de aislarse mientras consolida su cercanía a otros regímenes autocráticos para mantener el estado policial e impunidad que impera en el país", señaló Raza e Igualdad en un pronunciamiento ante la salida de Nicaragua de la OEA.
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Desde Raza e Igualdad, continuó esa ONG, "tenemos la certeza que el régimen Ortega y Murillo no podrán eludir la justicia, pues deben cumplir con los acuerdos firmados voluntariamente durante su permanencia en la OEA y otros tratados internacionales de los que el Estado es signatario".
Recordó que el Gobierno nicaragüense notificó la "indeclinable" decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización, el 18 de noviembre de 2021, días después de la reelección para el quinto mandato de Ortega y el rechazo de la OEA a esas elecciones porque "no fueron libres, justas ni transparentes y carecen de legítimidad democrática".
Asimismo, Nicaragua continúa obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y debe cumplir con ella, añadió.
La salida de Nicaragua de la OEA es "grave"
En una declaración escrita, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, destacó que "el pueblo nicaragüense es ejemplo de resiliencia y lucha permanente por la democracia, pero la salida de Nicaragua de la OEA no deja de ser grave, pues debilita el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos".
Quesada sostuvo "que Ortega ha cometido crímenes que solo se han visto en las peores dictaduras", por lo que abogó por no dejar solos a los nicaragüenses.
Actualmente, el Gobierno de Nicaragua mantiene a 91 personas privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo al obispo Rolando Álvarez y a 17 mujeres, según esa ONG.
Raza e Igualdad también registra al menos "355 ejecuciones sumarias de manifestantes en total impunidad, y más de 316 personas en situación de apatridia y privadas de sus derechos ciudadanos, entre ellas 222 personas que eran presas políticas hasta el 9 de febrero de 2023".
En ese sentido, citó investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua que han concluido que, "a través de la instrumentalización de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, las altas autoridades gubernamentales han cometido violaciones y abusos de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, que constituyen crímenes de lesa humanidad".
"La comunidad internacional ya tiene información para iniciar acciones legales y extender las sanciones a las instituciones y personas involucradas en estos crímenes de derecho internacional. Hago un llamado urgente a la comunidad internacional, particularmente a los Estados de la región latinoamericana comprometidos genuinamente con la democracia, para que tomen medidas urgentes”, abogó Quesada.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.