Obispos de la Iglesia católica de América Latina reaccionaron al asedio de las autoridades sobre su par de la Diócesis de Matagalpa en Nicaragua, Rolando Álvarez, confinado en "casa por cárcel", mientras que el papa Francisco se abstuvo de mencionar el tema en su homilía de este domingo.
El obispo está retenido desde hace cuatro días en la curia de esa localidad por las fuerzas de seguridad nicaragüenses, y dijo el sábado que la acusación policial de incitar al odio lo dejó confinado en condición de "casa por cárcel".
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"Los últimos acontecimientos, como el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios, nos duelen profundamente", deploró el obispo peruano Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).
La policía inició una investigación contra la Diócesis de Matagalpa, que preside Álvarez, por intentar "organizar grupos violentos" e incitar "a ejecutar acto de odio" para desestabilizar el país.
Obispos de Latinoamérica alzaron su voz para apoyar a Álvarez, de 55 años y crítico del gobierno de Daniel Ortega.
Los prelados de CELAM invitaron a los católicos de Latinoamérica a unirse en oración por la Iglesia en Nicaragua y sus autoridades.
Una fotografía publicada el 5 de agosto en la cuenta de Twitter del CELAM muestra a Álvarez arrodillado en oración rodeado por policías.
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Por su parte la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó su "más sincera solidaridad" e hizo un llamado al diálogo en Nicaragua.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica "eleva una oración para que llegue la paz y se puedan abrir caminos de diálogo en busca del bienestar de todos los habitantes del hermano país", dijo el sábado en un comunicado.
La Arquidiócesis de Nicaragua también envió un mensaje de "cercanía" al obispo Álvarez y sus sacerdotes "ante las circunstancias difíciles que están viviendo" a raíz de la acción policial.
En Honduras, Monseñor Roberto Camilleri, presidente de la Conferencia episcopal de ese país hizo eco de la posición de la CELAM al subrayar en una carta pública que "la libertad de expresión es un pilar fundamental que garantiza la existencia de una democracia" y recalcó su "solidaridad y cercanía espiritual".
También los obispos del El Salvador en un comunicado dijeron que les "preocupa la seguridad de los pastores" y lamentaron "la situación política y social" de Nicaragua.
Ni una palabra
Hasta ahora el Vaticano no se ha pronunciado sobre la retención del obispo de Matagalpa. Tras su homilía del Ángelus este domingo en Roma, el papa Francisco evocó varias cuestiones de actualidad.
El papa argentino saludó la reciente partida de cereales de puertos de Ucrania, deploró un accidente de tránsito sufrido por peregrinos en Croacia y saludó a varios grupos de fieles presentes en la plaza San Pedro, antes de desearles un buen almuerzo y retirase de su balcón, sin mencionar en ningún momento la tensa situación en Nicaragua.
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El secretario general de la oenegé Asociación Micaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reprochó esta semana en una misiva al papa su "silencio ensordecedor" sobre los cristianos en el país centroamericano.
"El papa Francisco es de las pocas personas que podrían entablar un diálogo con el régimen de Ortega”, dijo por su parte al diario La Nación de Argentina Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
"Su silencio, incluso en medio de una arremetida feroz contra la Iglesia en Nicaragua, envía un pésimo mensaje. En un país católico como Nicaragua, una condena de Francisco a las atrocidades del régimen no solo sería un golpe para Ortega, sería también, incluso más importante, un reconocimiento a la lucha del pueblo nicaragüense por la democracia y la justicia y un respaldo al reclamo unánime de las víctimas y sus familias para la liberación de los presos políticos del régimen", agregó Broner.
En marzo pasado, el régimen de Daniel Ortega retiró su beneplácito para permanecer en Nicaragua al nuncio apostólico presente en Managua desde 2018, Waldemar Sommer.
El gobierno expulsó además recientemente a monjas misioneras de la Caridad de la orden de la Madre Teresa de Calcuta, arrestó sacerdotes y clausuró radios y canales de televisión católicas.