El régimen que preside Daniel Ortega en Nicaragua ha expulsado a 231 nicaragüenses y le ha negado el ingreso al país a otros 56, incluido 8 niños, en lo que va de 2023, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central divulgado este sábado.

"Entre los casos de deportaciones de nacionales, además de las 222 personas expulsadas el 9 de febrero se han documentado casos familiares de personas consideradas de oposición y personas que tuvieron alguna participación en los eventos de 2018", indicó ese organismo en un informe, que documenta casos desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2023.

Además de los 231 nacionales que han sido expulsados de Nicaragua, la Oacnudh ha documentado la deportación de 25 extranjeros.

Asimismo, cinco casos de prohibición de salida del país y 56 nicaragüenses a los que se ha prohibido su ingreso a Nicaragua, incluido 8 menores.

"La Oacnudh ha documentado patrones sistemáticos de violaciones, por parte del Estado de Nicaragua, en particular al derecho a la libertad de circulación, a la elección libre de la residencia en el territorio, y a salir y a regresar al país, tanto de nacionales como de extranjeros a quienes el gobierno considera como voces disidentes", expuso.

Estado viola derecho a la reunificación familiar y de los niños

Esos patrones "se han acentuado en 2023", advirtió la Oacnudh, que mencionó entre las acciones del Estado la prohibición de ingreso al país de sus nacionales. y la denegación de la expedición de pasaportes nuevos y su renovación dentro y fuera del país y la confiscación de ésto al querer salir de Nicaragua.

También la deportación de nacionales y extranjeros a otros países sin el debido proceso administrativo ni la posibilidad de interponer recursos, y la no renovación de permisos de residencia de personas extranjeras sin motivación ni posibilidad de interponer recursos.

Asimismo, la negativa a otorgar permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado.

"La desnacionalización, deportación y pérdida de los derechos civiles y políticos a perpetuidad de 316 personas en febrero de 2023, así como la prohibición de ingreso al país de nicaragüenses que han salido al extranjero por diversos motivos, también ha traído consigo violaciones a los derechos de libertad de circulación de sus familiares, a la reunificación familiar y a los derechos de los niños, entre otros", denunció la Oacnudh.

En relación con los derechos de los niños, la Oficina ha documentado violaciones especialmente sobre el derecho de preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas, la separación de sus padres y familiares contra su voluntad, la negativa y tardía respuesta del Estado de la solicitud de los padres para que los niños puedan salir de Nicaragua a efectos de reunificar a la familia.

Alerta sobre vulnerabilidad de desterrados

Por otro lado, la Oacnudh dijo que ha observado en muchos de los casos de deportación y prohibición de ingreso, "la vulnerabilidad en la que se encuentran personas y familias completas en los países donde deben permanecer por no poder regresar a Nicaragua, al no contar con redes de apoyo, recursos económicos, garantía a sus derechos al acceso a una vivienda adecuada, a trabajo, educación y salud".

"A esto se le suma, la dificultad de contar con una posibilidad de definir una situación migratoria de manera expedita y el desconocimiento del idioma", puntualizó.

La Oacnudh indicó que dentro de los casos de prohibición de ingreso a Nicaragua de nacionales se encuentran familiares de las 316 personas desnacionalizadas y deportadas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y pastores, activistas políticos y líderes estudiantiles.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.