En la noche del domingo 8 de enero, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, llegó a la ciudad de México y fue recibido por Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México, en un nuevo aeropuerto en las afueras de la capital mexicana.
Luego de los actos de protocolo, ambos mandatarios se condujeron en el mismo vehículo ("la bestía", el auto blindado del presidente estadounidense) y se dirigieron hacia el centro de la ciudad de ciudad de México, hacia el hotel donde se hospedará el Biden y su esposa.
“Se inicia un gran encuentro a partir de objetivos comunes, respeto y aprecio mutuo entre México y Estados Unidos”, manifestó Marcelo Ebrad, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a través de redes sociales.
Se espera que ambos presidentes se reúnan este lunes para tratar temas como migración y narcotráfico, entre otros.
La gira
Horas antes del domingo, Biden viajó a la frontera sur limítrofe con México en su primera visita desde que asumió el cargo en enero de 2021, para inspeccionar un punto de entrada de El Paso, Texas, en medio de debates sobre la inmigración ilegal y el contrabando.
Estaba programado que se reuniera con funcionarios de aduanas e inmigración en el cruce del Puente de las Américas, antes de volar a Ciudad de México para una cumbre regional con los líderes de México y Canadá.
Biden arriba a El Paso, Texas, como un gesto para sus contradictores que le reprochan no haber puesto un pie en la zona limítrofe de 3,100 km en dos años de gobierno.
Unas 2.3 millones de detenciones y expulsiones de migrantes indocumentados en el año fiscal 2022; 108,000 muertes por sobredosis de drogas en 2021: migración y narcotráfico estarán en el centro de la reunión de Biden y su homólogo mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, este lunes en Ciudad de México.
El martes celebrarán la Cumbre de América del Norte junto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
"México es particularmente relevante a la hora de tratar ambos problemas agudos, que se han convertido en vulnerabilidades políticas para Biden", declaró a la AFP Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano.
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En un país donde la migración suele ser un botín electoral, la cuestión puede convertirse en una piedra en el zapato para Biden si decide buscar la reelección en 2024.
Antes de viajar a El Paso, el presidente anunció un programa de migración limitada a cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, sumidos en profundas crisis, aunque el flujo incesante abarca varias naciones.
Se permitirá el ingreso mensual de hasta 30,000 personas durante dos años, apenas un paliativo, reconoce Biden, que culpa a los republicanos de bloquear un plan más ambicioso. Concertado con México, el programa refuerza por otra parte las expulsiones de quienes ingresen ilegalmente.
Pero sin un plan de refugio robusto, "estas nuevas medidas solo empujarán a quienes busquen asilo a situaciones peligrosas", advirtió la oenegé Comité Internacional de Rescate.
La migración irregular también resulta problemática para México, cuya frontera se volvió una puerta giratoria. Miles permanecen en su territorio a causa del denominado "Título 42", una restrictiva norma tomada por el covid-19 que autoriza las expulsiones exprés. Fue adoptada por el gobierno del magnate republicano Donald Trump (2017-2021), pero la justicia ha impedido eliminarla ante temores de una avalancha aún mayor.
Droga mortal
El encuentro bilateral Biden-AMLO también estará marcado por la tragedia del fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína, cuya producción y tráfico controlan los cárteles mexicanos con precursores químicos provenientes de China, según la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Casi dos tercios de las 108,000 muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos en 2021 involucraron opioides sintéticos. Y solo en 2022 se incautó más fentanilo del que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos, asegura el organismo.
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Por ello, Biden busca "ampliar el intercambio de información" con México sobre precursores y "fortalecer la prevención", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
En 2021, ambos países anunciaron un giro a su política antidrogas para enfocarse en las causas del narcotráfico, tras 15 años de estrategia con énfasis de participación activa de fuerzas militares. Desde su lanzamiento en 2006, México acumula unos 340,000 asesinatos y miles de desaparecidos, sin que los cárteles se hayan debilitado.
En medio de ese baño de sangre, el gobierno mexicano ha presentado dos demandas contra fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de un comercio negligente que empodera a los criminales.
Expertos en seguridad como Ricardo Márquez ven un enfriamiento de la cooperación en el marco de la política de "abrazos, no balazos" de López Obrador, que contrasta con operaciones como la captura, el pasado jueves en Culiacán, de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Ovidio Guzmán es señalado como uno de los mayores traficantes de metanfetaminas y su arresto se saldó con 10 policías y 19 pistoleros muertos.
"Cuando hay este tipo de reuniones, una constante es que las autoridades mexicanas siempre tienen algo qué ofrecer, antes o después", comenta Márquez, para quien la detención no afecta la estructura del Cártel de Sinaloa, cuyas redes se extienden a 50 países.
Energías limpias
En la mesa también estará el cambio climático, luego de que los dos países anunciaran en la COP27 un proyecto de energías renovables que demandará 48,000 millones de dólares de inversiones y en el cual México se comprometió a ampliar sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
Como parte de esa estrategia, México impulsa el Plan Sonora, que incluye la explotación del litio -mineral clave para las nuevas tecnologías y autos eléctricos-, la producción de estos vehículos mediante la relocalización de armadoras- y la construcción de seis plantas de energía solar.
También proyecta vincular el plan con el clúster de semiconductores que se construye en el estado de Arizona (fronterizo con Sonora), dentro de la estrategia de Washington para disminuir su dependencia de Asia en la fabricación de esos componentes.