Irán ejecutó al menos a 354 personas en la primera mitad de 2023, un alza de 36% con respecto al mismo periodo de 2022, según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan a Irán de haber aumentado el uso de la pena de muerte como un medio de reprimir la ola de protestas que comenzó en septiembre por la muerte de la joven Mahsa Amini mientras estaba detenida por violar supuestamente el estricto código de vestimenta que deben cumplir las mujeres.
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Oenegés destacaron su preocupación por que hay una desproporcionada cantidad de personas de etnias minoritarias entre los ejecutados.
Un 20% fueron de la minoría baluche, que es una población sunita. "La pena de muerte es utilizada para generar miedo en la sociedad e impedir otras manifestaciones", indicó el director del IHR Mahmood Amiry Moghaddam.
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Además "la mayoría de las personas ejecutadas son ciudadanos de segunda, de las comunidades más marginalizadas", agregó.
En Irán se ejecutan a más condenados que ningún otro país, con la excepción de China, según varias oenegés de defensa de los derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional. En 2022, 582 personas fueron ejecutadas, un alza del 75% con respecto al año anterior, según IHR.