Casi una treintena de expresidentes de Iberoamérica denunciaron este sábado que en Guatemala está en marcha “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático” dada la “persecución y judicialización del presidente y la vicepresidente electos” del país, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera, a quienes expresaron su respaldo.
Esa persecución hacia el binomio electo tiene el “reiterado y evidente propósito de inhabilitar la manifestación soberana de los guatemaltecos ya expresada en elecciones libres”, dijeron los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).
“Alertamos al respecto a los gobiernos democráticos de la región y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, obligada a actuar según los términos de la Carta Democrática Interamericana”, señalaron en una misiva.
Citando la Carta Democrática Interamericana, los exgobernantes señalaron que en Guatemala “se encuentra en evidente marcha ‘una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático’, por lo que renovamos nuestro respaldo a Bernardo Arévalo de León y a Karin Larisa Herrera A., mandatarios electos”.
Nueva acusación de la Fiscalía contra Arévalo
La Fiscalía de Guatemala informó el pasado jueves que solicitaría el retiro de la inmunidad de Arévalo de León y de Herrera, a quienes señala por usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita por participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus de la estatal universidad de San Carlos en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios.
Luego el viernes presentó ante la Corte Suprema dicho pedido contra el presidente electo, quien denuncia ser víctima de un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
La Fiscalía “presentó seis solicitudes para el trámite de las diligencias de retiro de antejuicio en contra de seis personas”, indicó el ente en la red social X (antes Twitter).
El listado es encabezado por Arévalo y Herrera junto a un diputado actual y uno electo de su partido Semilla, además de otros dos congresistas opositores. La medida fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA.
La Fiscalía agregó “usurpación agravada” y “sedición” a la lista de delitos con los que señala al presidente electo, que incluye “depredación de bienes culturales”, al tiempo que eliminó sus acusaciones previas de asociación ilícita y tráfico de influencias.
La Fiscalía, que lidera Consuelo Porras, es acusada de perseguir a Arévalo de León y su partido Movimiento Semilla desde el 12 de julio pasado, después de que sorpresivamente el ahora gobernante electo guatemalteco obtuviera el segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio.
Desde entonces, el Ministerio Público ha allanado el Tribunal Supremo Electoral, ha decomisado cajas con votos y también ha buscado procesar a los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral.
El llamado al Poder Judicial
“Al Poder Judicial guatemalteco y a los demás poderes del Estado les hacemos presente que el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado democrático y constitucional de Derecho es un elemento esencial de la democracia y una garantía que no puede ser burlada a través de actos de fraude y manipulaciones de la ley”, dijeron el fin de semana los expresidentes en su carta abierta.
La misiva está avalada por los exgobernantes de Panamá Nicolás Ardito Barletta (1984-1985) y Mireya Moscoso (1999-2004), además de más de un veintena de colegas, entre ellos el Premio Nobel de la Paz 1987 Óscar Arias (Costa Rica 2006-2010) y el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy (2011-2018).