Este lunes, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, nombró a María Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala por un nuevo periodo de cuatro años. Hace unos años, incluso la había considerado su "gran amiga".
En septiembre de 2021, Porras fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en la Lista Engel, que sanciona a personajes del Triángulo Norte en actos de corrupción o golpes a la democracia. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ella "obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales".
Asimismo, destacaron que "el patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción".
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En efecto, bajo el periodo de Porras, en Guatemala se ha llevado a cabo una persecución en contra de exfiscales y exjueces que conocieron casos de corrupción de alto impacto. Algunos han sido capturados, mientras que otros han tenido que abandonar el país por temor a represalias.
Por estas y otras acciones, el gobierno de Estados Unidos anunció que había perdido la confianza en la fiscal general y recortó los fondos a la cartera que ella dirige desde 2018 y de la cual estará al frente al menos hasta 2026. Acciones similares realizó la administración Biden en El Salvador, cuando en 2021 recortó la asistencia a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública, entidades capturadas y politizadas por el oficialismo.
En agosto de 2021, a raíz de las acciones de la fiscalía guatemalteca contra quienes habían liderado la lucha anticorrupción en el país, cientos de campesinos salieron a bloquear decenas de carreteras del país. En ese momento, pidieron la renuncia de Giammattei y de Porras.
"Se exige la renuncia del presidente Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, por ser un gobierno corrupto y por proteger a los corruptos más grandes del país", dijo un dirigente campesino del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), institución que convocó a la manifestación.
Las protestas que exigían la renuncia de Giammattei y Porras arreciaron después que la fiscal general destituyera a finales de julio del año pasado a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Pese a estos señalamientos y condenas numerosas de actores dentro y fuera del país, el presidente Giammattei eligió a Porras para liderar la acción penal en Guatemala por los próximos cuatro años. De hecho la eligió a pesar de que el proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas, amenazas que la misma fiscal hizo a una comisión de académicos que evaluaba su idoneidad para el cargo.
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De hecho, el presidente guatemalteco salió hace unos días a restarle importancia a la designación de personajes corruptos de Estados Unidos. Además, bromeó que haría su propio listado de "enemigos de Guatemala".
“Pueden acabar con la vida de alguien en prisión in pruebas, por ponerlo en una lista”, denunció el mandatario guatemalteco en un evento con la asociación de alcaldes de su país, la ANAM. Luego agregó: “Yo también hacer la lista del zopilote y vamos a principiar por poner a los enemigos de Guatemala en la lista del zopilote. Si lo ponen a uno en una lista (Engel) que no vale nada. Por lo menos el zopilote vale algo”.
Porras se pronuncia
Poco después de conocer sobre su reelección, la fiscal general defendió su gestión al frente del Ministerio Público. Asimismo, dijo que seguiría actuando sin favoritismos y de manera imparcial, como hasta ahora lo ha hecho.
"Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por la consolidación del estado de Derecho", sostuvo Porras.
Pese a sus palabras triunfales, su nombramiento está generando duras críticas de diferentes sectores en Guatemala. Algunos incluso consideran que con esta elección, la lucha contra la corrupción se debilitará aún más y reinará en el país la impunidad contra quienes han saqueado el erario público.
La APG condena la reelección de la Fiscal General. Esta decisión provocará mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas. pic.twitter.com/KhGWoYW1E5
— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) May 16, 2022
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) es una de estas entidades que rechazaron la elección. En un comunicado, manifiestan su condena por la reelección de Porras. "Esta decisión provocará mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas", afirmó la entidad.
Los periodistas incluso denuncian que la decisión de Giammattei va encaminada a "salvaguardarse a sí mismo y a sus allegados de investigaciones por posibles actos de corrupción". Además advierten un mayor aislamiento de Guatemala a nivel internacional.
A Porras la consideran una funcionaria alejada de su obligación constitucional y una mera "servidora del presidente, políticos, empresarios y otros actores interesados en generar impunidad". Esto es lo que, a criterio de la APG, provocó la cacería de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y activistsas, así como la apertura de "procesos espurios" contra periodistas.
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Condena nombramiento
Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch, lamentó el nombramiento realizado por Giammattei este lunes por la tarde. "Porras se ha dedicado a frenar investigaciones por corrupción e impulsar causas espurias contra periodistas, fiscales y jueces", dijo en un tuit.
En este mensaje advirtió que la democracia guatemalteca está en grave riesgo.
Human Rights Watch dijo, en abril del presente año, que Consuelo Porras ha sido una "desgracia" para el Estado de derecho en Guatemala. Tamara Taraciuk, quien dirige la división de las Américas de forma interina, afirmó en su momento que de esta elección de fiscal dependía que se pudiera "proteger las instituciones democráticas o, en cambio, darle un tiro de gracia".