Estados Unidos recordó que tiene sancionados al fiscal especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y advirtió que Washington está “preparado” para usar todas las herramientas que sean necesarias para “defender al pueblo guatemalteco” de las obstrucciones del proceso electoral y democrático.
El Departamento de Estado incluyó además este jueves en la denominada “Lista Engel” de corruptos a la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso, quien ha llevado a cabo la acusación contra Semilla, y al juez Fredy Orellana, que avaló la suspensión de la formación.
Un alto funcionario del Gobierno de EE.UU., bajo condición de anonimato, declaró a EFE que la administración Biden está dando seguimiento a este tema “muy de cerca” y considera “muy preocupantes” los esfuerzos del Ministerio Público (fiscalía) para “socavar la voluntad del pueblo guatemalteco de elegir a sus propios líderes”, dijo el alto funcionario.
Recordó que la que la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) avaló la integridad de la primera vuelta del 25 de junio, y exigió que “se deje al pueblo guatemalteco” que decida en la segunda vuelta del 20 de agosto.
Estados Unidos acusó al Ministerio Público de Guatemala de intentar “socavar la voluntad del pueblo guatemalteco” con el allanamiento de la sede del Movimiento Semilla, un gesto que consideró propio de “dictaduras” como la de Nicaragua.
“Usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que usan los Gobiernos autoritarios, no solo en Latinoamérica sino en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras”, dijo el alto cargo a EFE.
El funcionario resaltó además que las acciones de la Fiscalía han sido rechazadas por la comunidad internacional y por una “movilización masiva en Guatemala”, formada por la sociedad civil, el sector privado y la Iglesia.
El allanamiento forma parte de los intentos de la Fiscalía por suspender a Semilla.
El embajador estadounidense en el país guatemalteco, William Popp, ha estado en contacto con todos los actores, incluidas las campañas de Arévalo y de Torres.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que ha estado frenando los intentos de la Fiscalía, reiteró el viernes que la segunda vuelta electoral debe llevarse a cabo con los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo de León.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación por injerencias en el proceso electoral en Guatemala, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general” Consuelo Porras.
Arévalo de León consiguió avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama, mientras las encuestas lo colocaban en un séptimo u octavo lugar.
Los sancionados
Entre los seis operadores de justicia y funcionarios sancionados en ese país resalta el juez penal Fredy Orellana, por “autorizar cargos criminales sin sustento y políticamente motivados” contra el periodista José Rubén Zamora, condenado a seis años de cárcel. También ha sido sancionada Cinthia Monterroso, la fiscal que presentó los argumentos del Estado durante la persecución penal a Zamora.
“No me afecta en nada y sólo demuestra mi buen trabajo, tanto así que articulan todo un departamento internacional para neutralizarme”, reaccionó Monterroso. “De todas maneras, mi visa venció en 2018 y no la renové porque no tengo intenciones de viajar a Estados Unidos. Fui una vez y no me gustó”.
El mismo juez Orellana ordenó la suspensión del partido de oposición Movimiento Semilla— cuyo candidato Bernardo Arévalo competirá por la presidencia contra la exprimera dama Sandra Torres—, a petición de la oficina de Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, pese a una prohibición legal contra la suspensión de partidos en plena campaña electoral. Monterroso acompañó a fiscales y policías en un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral, que se ha negado a acatar esa orden con base en una prohibición legal contra la suspensión de partidos en pleno proceso electoral.
El Gobierno de Estados Unidos aplicó la misma sanción al jefe de Monterroso, Rafael Curruchiche, que encabeza la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, así como a la fiscal general Consuelo Porras, por obstruir casos de corrupción.
Las sanciones también alcanzaron al juez Décimo Penal B, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, conocido en el mundo periodístico en Guatemala luego de ordenara abrir una investigación contra los periodistas y columnistas del desaparecido diario investigativo elPeriódico. Este juez ventila uno de los casos penales contra el periodista José Rubén Zamora, condenado a seis años de prisión.