En los últimos tres gobiernos, en Guatemala, se han reducido “los espacios de la democracia” e introducido “medidas de tipo autoritario para el control del país”, dice a la AFP Bernardo Arévalo, candidato presidencial de un partido minoritario centroizquierdista.
El hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951) culpa de esto a los gobiernos derechistas de Otto Pérez (2012-2015), Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei, cuyo mandato culmina en enero de 2024.
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Dice que el resurgimiento del autoritarismo fue reacción de poderosos sectores políticos y empresariales a la labor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU que ayudó a destapar sonados casos de corrupción, entre 2007 y 2019.
La CICIG nació bajo el gobierno derechista de Óscar Berger (2004-2008) y continuó con el socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Sus investigaciones llevaron en 2015 a renunciar a Pérez, condenado por fraude en aduanas.
Pero su sucesor, Morales, puso fin a la CICIG en 2019 y Giammattei no intentó resucitarla.
Además, Giammattei ha mantenido a la cuestionada fiscal nacional, Consuelo Porras, quien emprendió una campaña de persecución contra antiguos fiscales anticorrupción y funcionarios de la CICIG.
- “Unificó a los corruptos” -
Ocho exfiscales han sido arrestados y otros 30 se han exiliado, según Human Rights Watch. Washington incluyó a Porras en 2021 en su listado de “actores corruptos”.
“La CICIG tuvo la virtud de evidenciar y desnudar un sistema de corrupción que todos sabíamos que existía. El problema es que fue tan eficiente que terminó por unificar a los corruptos”, dice Arévalo.
Los grupos que habían perdido con las investigaciones de la CICIG “regresaron con mayor fuerza”, indica Edie Cux, director del capítulo local de la ONG Transparencia Internacional.
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“Se está consolidando un régimen, no una dictadura tradicional, sino una dictadura corporativa, que es mucho más peligrosa porque no hay una figura visible”, explica Cux a la AFP.
Una manifestación que terminó con un incendio en el edificio del Congreso, el 21 de noviembre de 2020, dejó decenas de lesionados y detenidos. Desde entonces no hay protestas masivas contra Giammattei, por temor a la represión policial, según analistas.
- “Golpe de Estado técnico” -
Los 13 magistrados de la Corte Suprema terminaron sus mandatos hace tres años, pero siguen en funciones por tecnicismos. Sus fallos suelen favorecer al gobierno.
“Desde mi punto de vista fue un golpe de Estado técnico, pues se rompió la democracia y un pilar fundamental de la democracia”, dice a la AFP el exjuez Miguel Ángel Gálvez, exiliado en Costa Rica.