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Fespad pide a Fiscalía no criminalizar a organismos pro derechos humanos en leyes sobre lavado de dinero
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) pidió este martes a la Fiscalía General que elimine el instructivo para la prevención del lavado de dinero porque "criminaliza y limita" la labor de defensa de las organizaciones de la sociedad civil.
Además este instructivo traslada responsabilidades que les corresponde al Estado a las organizaciones sociales sin fines de lucro.
La Fiscalía incorporó al sector de las organizaciones sin fines en el referido instructivo con lo que incumple la recomendación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), según Fespad.
Esta recomendación obliga al Estado salvadoreño a realizar una evaluación de riesgo del sector de las Ong's para determinar el subsector que podría estar propenso al financiamiento del terrorismo.
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Señala además que al tener identificados estos subsectores, la Asamblea Legislativa deberá de entrar a legislar en razón a los riesgos identificados para este subsector.
"Con ello, prácticamente estaríamos en condicion de anular la defensa de los derechos humanos que realizamos las organizaciones de la sociedad civil y que como sabemos constituimos voces disidentes del discurso oficial", dijo Loyda Robles, directora de Fespad.
Otras de las situaciones que les llama la atención a Fespad es que El Salvador se trasladó del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat), para evitar que el país fuera evaluado en abril próximo con relación al cumplimiento o no de las 40 recomendaciones que establece el Gafic.
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Señala Robles que el Gafilat deberá de evaluar a El Salvador hasta el próximo año, pero el informe del país se conocerá hasta en 2024 "con lo que se retrasa así, esta importante evaluación en el marco de las recomendaciones del Gafi".
Demandó de la Asamblea Legislativa a retomar la recomendación del Gafi en cuanto a realizar consultas con los sectores de la sociedad civil para la aprobación de marcos normativos que protejan el sector de las ong's, no que la criminalicen.