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Comité Contra Tortura da un año al gobierno de Bukele para cumplir medidas
Esta instancia dio plazo de un año al Estado para responder sobre estado de excepción, detenciones arbitrarias, entre otros temas.
El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) otorgó un plazo máximo de un año al gobierno de Bukele para que cumpla con las recomendaciones incluidas en la evaluación que le siguió en noviembre pasado, informaron organismos de derechos humanos.
Usualmente, el tiempo asignado para acatar las recomendaciones es de cuatro años.
De acuerdo con Victoria Barrientos, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Comité toma los temas específicos y de mayor importancia para que el Estado pueda responder.
“En este caso, los temas más importantes que consideró el Comité son la justicia transicional, el estado de excepción, las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones”, explicó.
“Se hace un reconocimiento de que la necesidad de plantear acciones contra la violencia generada por las maras y pandillas no debe ser excusa para la vulneración de los Derechos Humanos”, enfatizó.
Cristosal destacó que las detenciones arbitrarias, la falta de información a los familiares de las personas detenidas, la dificultad en el proceso de asistencia jurídica adecuada, la efectividad de los habeas corpus, entre otros, son temas de preocupación.
Jacqueline Cruz, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), también señaló: “El Salvador experimenta una crisis de independencia judicial como consecuencia de la cooptación (sometimiento) del Órgano Judicial”.
Ante esta realidad, recomiendan implementar mecanismos de selección que se orienten a garantizar la transparencia e idoneidad en el nombramiento de jueces y magistrados.
VER: Abogados dicen que Estado salvadoreño llegó a “mentir” a la ONU
Además, Anabell Recinos, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto, especificó que el Comité expresa su preocupación sobre las actuales disposiciones del Código Penal, que “obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos”.
“El Comité invita al Estado a adoptar medidas necesarias para velar que ni las pacientes que recurren a aborto, ni los profesionales que los practican interrupción voluntaria, se enfrenten a sanciones penales”, expresó Recinos.