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Asamblea aprueba $2 millones para que el Gobierno administre rutas de buses y microbuses de las que se apoder贸
Aunque en el decreto no lo menciona, entre esas unidades se encuentran las de聽Catalino Miranda, quien guarda prisi贸n preventiva tras ser detenido desde el pasado 12 de marzo.
Con 65 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes reformar la Ley de Presupuesto 2022 para reforzar al Ministerio de Obras P煤blicas con $8,705,289 provenientes de la Contribuci贸n Especial al Transporte P煤blico (Cotrans) que el Gobierno aplic贸 a los combustibles en los meses de enero y febrero de este a帽o.
La iniciativa fue avalada durante una sesi贸n plenaria marat贸nica marcada por las dispensas de tr谩mite y en la que los legisladores aprobaron una serie de medidas promovidas desde el Ejecutivo para paliar el impacto generado por la inflaci贸n en el econom铆a salvadore帽a.
En el decreto se establece que, de los $8.7 millones, $2,049,740 ser谩n destinados para que el gobierno administre las rutas de buses y microbuses de las que ha tomado "a su cargo el servicio", pues se帽ala que se ha "multado y sancionado a varias rutas de concesionarios del transporte p煤blico de pasajeros que han cometido faltas a la ley o se han negado a cumplirla".
Por tal raz贸n, argumenta que el Estado "en uso de sus facultades constitucionales" ha debido "tomar a su cargo聽 el servicio p煤blico a fin de dar la continuidad necesaria".
Aunque en la iniciativa que durar谩 por un periodo de tres meses a partir de su entrada en vigencia no lo menciona, desde el pasado 12 de marzo, el Ejecutivo se apoder贸 de 293 unidades de las rutas 42 y 152 de la cooperativa que dirige el transportista Catalino Miranda.
En esa fecha Miranda fue detenido por la Polic铆a Nacional Civil (PNC) por presunto cobro ilegal del pasaje y obstruir la v铆a p煤blica, posterior las autoridades manifestaron que el delito que le atribu铆an al transportista era resistencia, pero termin贸 siendo enviado a prisi贸n preventiva por des贸rdenes p煤blicos y el pasado 21 de marzo le agregaron otro cargo por ventas a precio superior, relacionado con el incremento a la tarifa del transporte.
El caso ha sido cuestionado por abogados al se帽alar que no se ha realizado el debido proceso y coinciden en que el Estado puede suspender un servicio p煤blico a un privado, pero no quitarle sus bienes.
Seg煤n el decreto, los m谩s de $2 millones "se requieren para financiar la contrataci贸n temporal de motoristas de autobuses y microbuses, administradores de ruta, inspectores y el mantenimiento correctivo y repuestos de las unidades para su funcionamiento, y evitar poner en riesgo a los usuarios del servicio".
Mientras, los restantes $6,655,549 "servir谩n para cubrir la compensaci贸n econ贸mica mensual".