La Audiencia de Barcelona, norete de España, sienta desde el próximo lunes 20 de noviembre en el banquillo a la cantante colombiana Shakira, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel por defraudar 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, con la puerta aún abierta a un pacto de última hora.
En doce sesiones, por las que está previsto que desfilen 117 testigos, además de peritos e inspectores de la Agencia Tributaria, el tribunal deberá resolver si, como mantiene la Fiscalía, la artista simuló tener residencia fiscal en Bahamas para burlar su obligación de pagar impuestos a la Hacienda española.
No es este el único frente judicial que tiene abierto la cantante por presunta evasión de impuestos: otro juzgado de Barcelona la investiga desde el pasado de mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar más de seis millones en el impuesto sobre la renta (IRPF) y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Esta nueva causa penal podría alentar un pacto con la Fiscalía, que la artista ya rechazó en julio de 2022, cuando tras mantener varios contactos con el ministerio público descartó su oferta -que pretendía rebajarle la pena a cambio de que Shakira reconociera el delito- y jugársela en el juicio.
Hasta el último minuto, sigue sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo de la cantante con la Fiscalía y la Agencia Tributaria -acusación particular- para reducir una eventual condena, pese al duro comunicado con el que Shakira desechó el pacto, en el se proclamaba víctima de la "persecución" de Hacienda y la "intransigencia" del ministerio público.
La Fiscalía de Barcelona, además de los ocho años y dos meses de cárcel, pide una multa de 23,8 millones para la artista por seis delitos contra la Hacienda pública que, individualmente, no superan los dos años de cárcel, lo que abre la puerta a que, en caso de condena, el tribunal suspenda su entrada en prisión.
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Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que la Fiscalía le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena.
La Fiscalía basa su acusación de fraude fiscal en que la cantante vivía en España "de manera habitual" entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja el jugador de fútbol del Barça Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por "motivos profesionales, con una duración muy corta", a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense "The Voice".
Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira "utilizó un entramado societario", con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, que ocultaban su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.
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Un criterio del que discrepa la defensa, que asegura tener pruebas "fehacientes" de que la artista fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona a raíz de su relación con Piqué.
Para aclarar cuántos días pasó en España la triunfadora en los últimos premios Grammy, será clave la declaración de los testigos, entre los que figuran desde vecinos, trabajadores del centro de estética al que acudía, sus dos ginecólogos o sus peluqueros hasta sus profesores de zumba y fitness.
La lista de testigos, en la que no está su ex, el jugador de futolb Gerard Piqué, pero sí su anterior pareja el argentino Antonio de la Rúa, incluye además a celebridades del mundo de la música o el fútbol, como el cantante de Maná Fernando Olvera o el chef Hideki Matsuhisa.