El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ha programado esta mañana la audiencia preliminar (previa a juicio) contra el expresidente Mauricio Funes y otras cinco personas, acusadas por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de corrupción en la construcción de la represa El Chaparral.
La Fiscalía acusa en este proceso al expresidente Funes por los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Los otros imputados son el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez (peculado); Miguel Menéndez Avelar “Mecafé” (lavado de dinero y peculado); la actual compañera de vida de Funes, Ada Michel Guzmán Sigüenza (lavado de dinero); Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi (soborno) y José Efraín Quinteros (lavado de dinero y agrupaciones ilícitas).
Según la acusación fiscal, los actos de corrupción están relacionados al presunto favorecimiento de la empresa italiana Astaldi porque la Cel decidió llegar a un “arreglo directo” y pagarle $108.5 millones, aunque abandonó la construcción con apenas el 29% de avance.
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El proyecto de la presa El Chaparral está situado en San Luis La Reina, departamento de San Miguel.
De acuerdo con el proceso, Mario Pieragostini Maiocchi, representante de Astaldi, interpuso ante la CEL una serie de reclamos alegando “situaciones geológicas imprevistas” como “el movimiento del cauce del río”, para justificar un incremento del monto acordado en el contrato inicial, en septiembre de 2008.
En julio de 2011, el entonces presidente de Cel, José Leopoldo Samour Gómez, ordenó un “arreglo directo” con Astaldi y autorizó el pago del costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de US$45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica, señala la acusación.
Funes alegó en ese momento que prefería pagarle a la empresa que ir a un arbitraje o juicio internacional.
La Fiscalía asegura que paralelamente Miguel Menédez creó tres empresas offshore en Panamá para recibir dádivas o retribuciones en más de 45 millones de dólares, que presuntamente entregó Astaldi a Funes y Menéndez por el “arreglo directo” que benefició a Astaldi.
Según uno de los testigos del caso, Menéndez logró conseguir $3.5 millones de Astaldi en beneficio del expresidente Funes.
La Fiscalía asegura que parte de ese dinero se utilizó para crear una sociedad de franquicias de spas que era administrada por la compañera de vida de Funes, Ada Mitchel Guzmán Sigüenza.
Esa sociedad adquirió dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba un negocio de spa, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, utilizado como la residencia de Guzmán.
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En mayo de este año el juzgado interrogó a tres testigos de una empresa colombiana, la cual se encargó de supervisar el proyecto de construcción de la presa El Chaparral.
Una de las acusadoras particulares declaró a los periodistas, durante esa diligencia, que la empresa extranjera hizo “un avalúo de obras en El Chaparral, que fue utilizado como excusa para desembolsar un dinero que no le correspondía a la sociedad Astaldi en contra de los intereses de CEL”.
En este proceso judicial, iniciado el 4 de enero de 2019, el único imputado detenido es Miguel Menéndez Avelar “Mecafé”, quien el pasado 16 de agosto fue condenado a ocho años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia, de San Salvador, por el delito de lavado de dinero en otro caso.
En tanto, el expresidente Mauricio Funes Cartagena y su compañera de vida Ada Michel Guzmán Sigüenza huyeron a Nicaragua, donde el régimen de Ortega les dio asilo.