El Salvador está a la cola en distintos indicadores relacionados con la economía en la región, según refleja un reciente informe publicado por la agencia calificadora Standard & Poor’s’.
Particularmente, uno de los puntos que más destaca en el análisis preparado por la entidad es el que se relaciona con la calificación crediticia que esta institución asigna a los países, tal como lo hacen otras agencias como Moody’s o Fitch Ratings, la cual actualizó su nueva calificación para el país el pasado 15 de septiembre y la rebajó a CC desde CCC.
¿Pero qué significan estas calificaciones y por qué las asignan estas agencias? En principio, hay que señalar que las notas asignadas por estas calificadoras se basan en distintos aspectos políticos y económicos de los países, dos factores que han sido cruciales en El Salvador durante el último año, y los cuales han afectado gravemente la imagen que tiene el país en los mercados internacionales a los que necesita acceder para obtener financiamiento.
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Lo anterior quiere decir que, entre más baja es la nota asignada para un país, menor es la confianza que tienen los inversionistas en que un país pueda cumplir con sus compromisos de deuda, en un resultado consecuente de las decisiones tomadas por los gobernantes.
En el caso salvadoreño, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la adopción del Bitcoin, en 2021, provocaron que la nota crediticia del país cayera considerablemente, pues en julio del año pasado, fue la agencia Moody’s la primera que rebajó la nota y dejó la calificación del país en categoría de “bonos basura”.
El análisis de Standard & Poor’s (S&P) apunta que, en principio, las notas soberanas para toda la región centroamericana son bajas con respecto al promedio latinoamericano, que a su vez es más bajo con respecto al promedio global, sin embargo, señala que El Salvador, específicamente, tiene las peores calificaciones en Centroamérica, incluso más bajas que Nicaragua, un país que está bajo la dictadura consolidada de Daniel Ortega.
Para poner en perspectiva, la última nota que S&P asignó para El Salvador, en junio de este año, lo colocan en la calificación de CCC+, dos peldaños abajo del promedio centroamericano de B, los cuales se traducen en que, para el caso salvadoreño existe un riesgo sustancial de caer en impago de la deuda, mientras que en promedio, los demás países se mantienen en una situación altamente especulativa.
Por su parte, países como Guatemala y Costa Rica (ambos con calificación B), así como Panamá (BBB) están un par de peldaños arriba de El Salvador en la escala de S&P, solo Honduras y Nicaragua están un poco cerca, aunque siempre por encima, con calificaciones de B- y BB-, respectivamente.
Necesidades de financiamiento
Estas rebajas en la nota salvadoreña se han ido agudizando en la medida en que se acerca enero del próximo año, mes en el que vence el bono de 2023 valorado en $800 millones.
De hecho, y precisamente por las fuertes obligaciones que tiene que afrontar el país en los próximos meses, y de las cuales aún no hay fuentes de financiamiento claras, la agencia Fitch señaló en su comunicado del pasado 15 de septiembre, que el plan del gobierno por recomprar parte de esos $800 millones “no altera materialmente la probabilidad de incumplimiento en opinión de Fitch”.
Además, y lejos de las intenciones del gobierno de mejorar la imagen del país con esa recompra, S&P también señaló el viernes que podría rebajar más la calificación del país si no hay un “progreso adecuado para llenar su brecha financiera” en los próximos 6 a 18 meses.
Hasta el momento, el gobierno solo ha habilitado una oferta de recompra que corresponde a unos $360 millones del total de los bonos, los cuales tienen un valor aproximado de mercado de unos $703 millones, al menos hasta el viernes 16 de septiembre.
En este punto, son esas necesidades de financiamiento, y la alta deuda que el país ya tiene los principales factores que provocan que la calificación crediticia salvadoreña se mantenga más baja con respecto a los países vecinos, según el informe de S&P, entidad que también hace énfasis en que, pese a que estos países comparten similitudes en distintos rubros, son las decisiones individuales de sus gobernantes las que influyen.
De hecho, al analizar los datos de S&P, El Salvador es el país centroamericano cuya deuda externa total ocupa la mayor proporción con respecto al PIB, frente a los demás países, cuyos niveles son menores.
Según datos del Banco Central de Reserva, y retomados recientemente por el Observatorio de Políticas Públicas, la deuda total en 2021 alcanzó el 84% del PIB.
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Instituciones frágiles
Asimismo, el informe añade que “las calificaciones soberanas en Centroamérica se han mantenido limitadas por instituciones frágiles en un contexto de pesos y contrapesos débiles, bajo ingreso per cápita y un bajo crecimiento económico y, en algunos casos, niveles de deuda moderados y espacio fiscal limitado”.
Con respecto a esa institucionalidad frágil, el anuncio que hizo Bukele, apenas unas horas después de que Fitch emitiera su rebaja a la nota salvadoreño, acerca de postularse a una reelección presidencial, en una clara violación a la Constitución salvadoreña, podría ser un factor que provocaría aún más rebajas en las perspectivas que tienen los mercados internacionales sobre el desempeño económico del país.
La economista Tatiana Marroquín explicó a El Diario de Hoy que “no es raro que continúen (las rebajas en la calificación crediticia), primero porque las finanzas públicas están mal, y cualquier entidad seria lo advierte. A eso se agregan los riesgos políticos que conllevan el anuncio del presidente, lo cual tradicionalmente se valora de forma negativa por estas instituciones”.