Con reserva total inició ayer, el Juzgado 5º de Paz de San Salvador, el proceso judicial contra 18 exempleados de Casa Presidencial y dos empresarios acusados por delitos relacionados a la corrupción.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019 los empleados de Casa Presidencial supuestamente desviaron fondos de la partida presupuestaria denominada como “Gastos Reservados” por un monto de 183.8 millones de dólares, hacia cuentas personales.
En un video publicado en Twitter por la Fiscalía, un fiscal explicó que esta nueva acusación recae principalmente en tres personas: el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario Privado de la Presidencia, Manuel Melgar y el exdirector Ejecutivo de la Presidencia, Manuel Arturo Amaya Orellana.
Ayala Orellana fue director Ejecutivo de la Presidencia durante diez años durante los gobiernos de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
La Fiscalía explicó a través de un comunicado que los imputados se apropiaron de dinero público por medio de una triangulación de cuentas, mediante la emisión de cheques de una cuenta institucional a seis cuentas de personas particulares y pagos a empresas que no estaban registradas como proveedores del Estado.
Es por eso que entre los acusados está Daysi Armida Díaz, quien laboraba como tesorera institucional de la Presidencia, en el período de noviembre de 2016 a mayo de 2019.
Díaz es acusada de firmar 193 cheques provenientes del Estado y destinados a seis cuentas que fueron abiertas sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley.
Entre los acusados también figuran tres militares: William Oswaldo Vaquero León, capitán y exasistente de Sánchez Cerén; José Saúl Osorio Rodríguez, teniente coronel y Jorge Antonio Revelo, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien es acusado de gestionar pagos salariales complementarios para los integrantes del Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley.
A pesar de ser un proceso por corrupción, el juzgado impuso la reserva total solicitada por la Fiscalía.
Alfredo García, uno de los abogados defensores, explicó a los periodistas que el argumento de la reserva “ha sido muy escueta por lo que se entendería que abarca desde la enunciación de los sujetos hasta los hechos mismos”.
Mientras tanto, los seis fiscales que se presentaron a la audiencia inicial se negaron a dar declaraciones a la prensa. Pablo Gómez, excontador de la Presidencia, quien ya enfrenta otros dos casos judiciales expresó: “Estamos siendo juzgados ya tres veces por las mismas actividades institucionales que hemos desarrollado con nuestro trabajo honrado, como empleados públicos, no como funcionarios”.
Gómez, ha sido acusado en este nuevo caso judicial.
Listado de acusados
Prófugos
Salvador Sánchez Cerén, expresidente de la República.
José Manuel Melgar, exsecretario Privado de la Presidencia.
William Oswaldo Vaquero León, capitán y exasistente de Sánchez Cerén.
Edgar Lizama Rivera, exdirector del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE).
Arturo Gilberto Alvarado, exsubjefe del Estado Mayor Presidencial.
José Saúl Osorio Rodríguez, teniente coronel.
José Armando Escobar Barillas, exjefe de Presupuestos.
Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente Financiero de la Presidencia.
Gregorio Abarca Palacios, asistente de la Unidad Presupuestaria de la Presidencia.
Carlos Armando Miranda Díaz, pagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada.
Carlos Guardado.
Capturados
Manuel Arturo Amaya Orellana, exdirector Ejecutivo de la Presidencia.
Daysi Armida Díaz, extesorera de la Presidencia.
Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial.
Alexander Benítez Peña, propietario de taller automotriz.
Intimados
Jorge Alberto Herrera Castellanos, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial.
Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia.
Pablo Gómez, excontador de la Presidencia.