El gobierno salvadoreño informó que hasta ahora ha detenido a “más de 50,000 terroristas pertenecientes a estructuras pandilleriles”, pero sólo reporta el decomiso de 1,322 armas de fuego, durante el régimen de excepción.
La desproporción entre los números de detenidos y de armas decomisadas lleva a la conclusión de que el 97 por ciento de los supuestos pandilleros no tenía armas.
Podría interesarle: Familiares de capturados presentan 80 habeas corpus ante la Corte
En un comunicado oficial, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, detalló la captura de 50,272 personas a las que considera “terroristas”, así como el decomiso de 1,322 armas de fuego. Lo anterior significa que por cada 38 detenidos hay apenas un arma decomisada.
El medio investigativo “InSight Crime” ha cuestionado el escaso decomiso de armas frente a la cantidad de detenidos durante el régimen de excepción, que ha permitido la captura masiva de supuestos pandilleros y que ha restringido sus derechos procesales.
Por ejemplo, en los primeros cuatro meses del régimen de excepción las autoridades dijeron que capturaron a 46,000 sospechosos de pertenecer a esas estructuras delincuenciales, pero sólo se incautaron de 97 fusiles de asalto, según ‘InSight Crime’.
Hechos como estos llevan al medio a concluir que “el régimen de excepción no ha logrado desarmar a las maras en El Salvador”.
El 8 de julio, el gobierno reportaba el decomiso de 1,038 armas de fuego y ahora reporta 300 más, lo cual sigue siendo desproporcionado, tomando en cuenta que el gobierno justifica el prolongado régimen de excepción y las capturas masivas con la tesis que los detenidos son “terroristas peligrosos.” Es decir, en proporción, sólo se le ha encontrado armas al 3 por ciento de los detenidos.
El gobierno Bukele decretó el régimen de excepción luego de la matanza de 87 personas en menos de tres días, entre el 25 y el 27 de marzo. Esta matanza se dio, según expone una investigación del periódico digital El Faro, luego de la ruptura de un pacto que el gobierno Bukele había negociado con las pandillas. La mayoría de estos asesinatos, según afirmó la versión de la policía, no tenía relación con ninguna pandilla.
Desde entonces ha habido 50,272 capturas, pero solamente 44,109 de los detenidos han pasado a los tribunales y se les ha ordenado prisión preventiva. Es decir, 6,163 personas detenidas aún permanecen en prisión sin que un juez haya determinado si hay indicios o evidencias de que hayan cometido delito o pertenezcan a pandillas.
El gobierno dice que también les ha decomisado a los detenidos 1,582 vehículos; $1,113,230.30 en efectivo; 12,339 teléfonos celulares; más de 69 mil porciones de droga.
La Procuraduría de Derechos Humanos informó que tiene en investigación 3,140 casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas hasta el 24 de julio. De esas un 75 % se refieren a supuestas detenciones arbitrarias.