El sindicato de docentes Bases Magisteriales denuncia hoy, en conferencia de prensa, "la toma del Centro Escolar Caserío la Ringlera" en el cantón el Jícaro, del municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con lo expuesto por Bases Magisteriales, a través de una convocatoria de prensa, un funcionario municipal "puso un candado para impedir el ingreso de alumnos (as) y docentes al citado centro escolar, dicha acción es un delito y además es una violación al derecho humano de la educación".
El sindicato señala públicamente que fue el jefe de catastro de la municipalidad, junto a otras personas, quienes pusieron la cadena y el candado al portón de la escuela rural.
“El motivo es que a juicio del alcalde de dicho municipio, el síndico , el secretario y el presidente de la Adesco consideran que en dicho centro escolar hay maltrato al alumnado”.
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El sindicato expusó que de ser cierta la acusación “debieron denunciar a los docentes en la Junta de la Carrera Docente respectiva, al Conna o a Derechos Humanos. Los funcionarios del Concejo Municipal no son la policía educativa; ese consejo debe dedicarse a sus funciones tales como recolección de basura, reparación de calles, mercados”.
De acuerdo con los sindicalistas las personas que cerraron la escuela cometieron un delito tipificado en el artículo 345 -B del Código Penal, que se refiere a ocupación violenta de espacios comunales , habitacionales o de trabajo.
Bases Magisteriales informó que acudirá a la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar la situación del
centro educativo.
Antecedentes
Los representantes sindicales narraron que el 13 de mayo pasado, a las 10:00 de la mañana llegó a la escuela del caserío el director departamental de educación y su equipo de trabajo. Uno de los miembros de esa comitiva entró a una de las aulas, en donde se impartían clases e interrogó a los alumnos si eran maltratados y cuál era su horario de clases. Similar situación se repitió en otras aulas.
Añade en el relató que se les ordenó a los docentes que despacharan a los alumnos . Luego los docentes fueron reunidos a las 11:30 de la mañana.
A esa reunión llegó el alcalde y el síndico municipal de la localidad, quienes dijeron a los maestros que también llegaría el presidente de la Adesco a esa reunión.
Los educadores desconocían el motivo de la reunión. Fue ahí donde les dijeron que había una denuncia de maltrato hacía el alumnado, de acuerdo con lo expuesto por el presidente de la Adesco al alcalde.
“El alcalde junto al de la Adesco le piden al director departamental el traslado de los 3 docentes inmediatamente. Una de las dos maestras no soportó el acoso de tantas personas y dijo que estaba de acuerdo que los trasladaran. La otra docente respondió algunas preguntas luego se le subió la presión y se puso a llorar. Luego levantaron acta en el libro de visitas donde ellos dejaron los acuerdos de traslado, la cual aprovechándose de la confusión de los hechos que nos estaban acusando, nos dijeron que firmamos a continuación de ellos, esa acta no cuenta con sello de los visitantes porque dijeron que no lo andaban”, se expone en el comunicado donde se relatan los hechos.
El centro escolar del caserío La Ringlera atiende a 70 alumnos, en dos jornadas. Por la mañana atienden parvularia integrada, tercero y cuarto grado integrado, quinto y sexto grado integrado; y por la tarde primero y segundo grado integrado.
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A través del sindicato la comunidad educativa de la escuela rural expuso que el 12 de agosto, el director de dicho centro escolar recibió órdenes para que “siguiendo los acuerdos de la visita del 13 de mayo subutilice a las 2 maestras”, sin embargo “el director respondió que no estaba de acuerdo en ser trasladados a otras instituciones”.
En el relato de los hechos , también, exponen que el el sábado 13 de agosto les informaron que en la comunidad había personas que estaban visitando casa por casa para avisar que el lunes 15 no enviaran a sus hijos a la escuela porque le pondrían candado al portón para que no entraran los maestros.
“Todo esto lo vemos con tintes políticos porque hablan de una denuncia , la cual no se encuentra en ninguna de las entidades respectivas. Nosotros nos sentimos acosados laboralmente”, expone Bases Magisteriales.
Alcaldía sin ahondar en el tema
Se buscó conocer la versión del alcalde de Álvaro Rodríguez, pero, la llamada telefónica era enviada a buzón de voz.
Personal de Comunicaciones dijo no estar autorizados para hablar sobre el tema y que como institución se mantenían al margen de esa situación, “es la comunidad y la Adesco que están actuando al respecto, se encontraban compañeros (de trabajo) que tienen hijos y que viven en la comunidad” fue el único comentario hecho.