"Sumergían su cabeza en una pila con agua y le prensaban los dedos de las manos con pinzas. Mientras era torturado querían hacerle confesar que pertenecía a una pandilla. Lo colocaron en una celda donde habían miembros de pandillas, ahí fue golpeado. Estuvo 12 días en esa celda. Mientras era golpeado por los pandilleros los policías también continuaron golpeándolo. Se realizó la audiencia, salió libre, y la madre lo encuentras en una condición que vomitaba sangre".
Esa es parte de la experiencia vivida por un adolescente de 14 años capturado durante el régimen de excepción. El caso fue compartido ayer por Danilo Flores, del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, al presentar esta mañana el Informe "100 días de régimen de excepción en El Salvador".
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Informe 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador 2022Lo vivido por el adolescente del relato sirvió como base para que Flores afirmara: "En El Salvador hay tortura, las denuncias que se han recibido en el IDHUCA dan fe de hechos de tortura".
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Tras él, la investigadora del IDHUCA Natalia Ponce detalló que según un informe de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) han sido identificados 306 casos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes. De esos casos, 231 corresponden a la negativa de las autoridades de dar información sobre personas detenidos a sus familiares; 28 casos corresponden a malos tratos; 12 a uso desproporcionado de la fuerza; 11 a omisión de traslado (de detenido un enfermo) al hospital; 11 a omisión de dotar de las medicinas necesarias a un detenido; 6 a intimidación; 4 a tratos crueles contra menores de edad; y 3 tratos crueles contra adultos.
Más de 4,000 denuncias de detenciones arbitrarias
Además de los casos de tortura y tratos crueles e inchumanos, el informe del OUDH de la UCA recopila las denuncias sobre detenciones arbitrarias recibidas por organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación. En total, se trata de 4,297 denuncias, de las que 2,023 fueron recibidas por Cristosal.
Los investigadores del OUDH aclaran que se trata de casos, no de víctimas individuales, y que cada uno de esos casos puede corresponder a más de una víctima y pudo haber sido denunciado simultáneamente a más de una ong y/o medio de comunicación.
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El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, dijo al final de la presentación del informe que el régimen de excepción y su prolongación, probablemente indefinida, ha puesto en evidencia que el Plan Control Territorial no dio los resultados que se publicitaron.
"¿Por qué extiende el estado de excepción este gobierno? Primero porque tiene respaldo social. Cada vez son más las denuncias que recibe el IDHUCA donde se dice 'estamos de acuerdo con que se lleven a los que son (culpables), pero que no se lleven gente inocente".
Como cuando se presentó el informe anterior del OUDH, Serrano advirtió que lo que está ocurriendo durante el régimen de excepción tendrá consecuencias a futuro y “nos va a estar en la cara”.
"Las maras y pandillas son eminentemente un problema social y mientras no se aborde de esta manera, cualquier mega cárcel que se construya no va a terminar con este problema", valoró.