La Asamblea Legislativa aprobó este martes con 63 votos a favor la disolución, liquidación y traslado de las funciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) hacia el Banco Central de Reserva (BCR).
Se trata de una iniciativa que consta de 11 artículos y fue impulsada por el Ejecutivo bajo el argumento de “modernizar con nuevas tecnologías de información” dicha entidad creada el 21 de marzo de 1955.
“Declárese disuelta la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), organismo dependiente del ministerio de Economía…”, reza el artículo 1 de la propuesta.
VER: Estadísticos esperaban que Digestyc evolucionara a un ente independiente
No obstante, diputados de oposición criticaron duramente tal decisión que calificaron como uno de “errores más grandes” del oficialismo. Señalaron que existe un interés de ocultar información importante para la elaboración de políticas públicas en favor del desarrollo del país.
Por ejemplo, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, no apoyó la iniciativa en cuestión y dijo: “sobran las dudas y parece ser que el elemento principal de la propuesta gira alrededor de la modernización”, pero “si así fuera, no encontramos un sentido del por qué disolver la Digestyc y atribuir al BCR las funciones”.
¿Qué va a pasar con los fondos aprobados a la Digestyc?
Además, Guevara destacó la larga experiencia de la entidad. Posteriormente mencionó sus dudas en relación a un contrato de préstamo de $40 millones que la actual Asamblea hizo hace unos meses con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Digestyc.
¿Qué va a pasar? se preguntó.
“Lo que ahora están aprobando es uno de los errores más grandes que están cometiendo como diputados de Nuevas Ideas y aliados”, porque se juegan intereses de personas que dependen de esas estadísticas, justificó.
Para el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, detrás de esa decisión está el particular interés del gobierno de Nayib Bukele de “ocultar la realidad” del país.
“Esto responde a un interés particular del gobierno central de ocultar la realidad, de ocultar datos y trasladarlos al BCR y quién sabe si ahora la reserva ya no sea innecesaria sino que simple y sencillamente algunas encuestas no las van a realizar”, cuestionó Wright Sol.
También: ARENA pedirá que empleados de la Digestyc no sean cesados tras disolución de la institución
Duda de capacidad del BCR
Además, el diputado de Nuevas Ideas expresó sus dudas de que el BCR tenga la capacidad para continuar este tipo de trabajo que es muy especializado y científico.
Al respecto, el legislador de Nuevas Ideas, William Soriano, defendió la propuesta y aseguró que el BCR tiene la capacidad de asumir las funciones de tal entidad.
Diputados oficialistas plantearon que el BCR solo absorberá al personal de la Digestyc que considera indispensable, lo cual fue fuertemente criticado por los legisladores de oposición.
La parlamentaria de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, dijo que algunos empleados serán jubilados y al resto se le pagará indemnizaciones y seguirán los procesos de ley.
Ante esto, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, señaló que “bajo un argumento falso de modernización”, el oficialismo realmente está suprimiendo plazas como se ha hecho desde que Nayib Bukele llegó al poder.
En ese sentido recordó que algunos legisladores de la comisión de Economía “sacaron el verdadero interés” de la propuesta ya que calificaron a las trabajadoras y trabajadores de instituciones públicas como ‘grasa del Estado’”.
Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, lamentó los graves alcances de la iniciativa. “Pueblo salvadoreño, nos quedamos sin datos independientes y yo lo siento mucho”, dijo.
“Me duele, sobre todo por este pobre país que necesita saber cómo estamos en realidad, no según la publicidad gubernamental, sino cómo estamos para tomar políticas públicas que nos ayuden a salir de la pobreza”, apuntó.
Según René Portillo Cuadra, de ARENA, cuesta reconocer que se disuelva la institución que sirve para tomar decisiones en políticas públicas.
“Esperamos que la disolución de la DIGESTYC no sea en represalia por haber revelado que el costo de la canasta básica no podía ser cubierta por el salario mínimo”, agregó.
¿Qué dicen los expertos?
En declaraciones a este medio, la economista Tatiana Marroquín consideró que la disolución de la Digestyc, a la luz de una evaluación de eficiencia en el uso de recursos, “es una mala decisión”.
Además, manifestó que no se tiene claridad de cuál es el objetivo político-institucional que persigue el gobierno con esta acción, pero al final lo que se logra es “debilitar la institucionalidad productora de estadísticas y data socioeconómica”.
Seguido de eso, explicó que si la decisión es netamente provocar un ahorro al Estado quitando esa institución, parece también ser “una pésima decisión” porque el costo social e institucional es mayor que el ahorro posible, el cual se puede hacer en otras instituciones que no demuestran claridad en su gasto.
En ese sentido detalló que el presupuesto de la Digestyc es cercano a $4 millones y el de CIFCO es cercano a $3 millones, por lo que cuestionó que “sin duda si buscan un ahorro, CIFCO parece ser una institución con menor utilidad social que la institución eliminada”.
“Al debilitar la institucionalidad de la producción de este tipo de data, también se debilita e incluso se limita la posibilidad de crear soluciones a problemas sociales.
Si no podemos medirlos adecuadamente, difícilmente podemos entenderlos y solucionarlos”, opinó.
Al preguntarle, qué opina de que las funciones de la Digestyc queden en manos de alguien leal al mandatario, ella respondió: “El BCR tiene personas con mucha experiencia y capacidad técnica, pero especializadas en otros temas.
El especializarlos o igualar la institucionalidad que tenía la Digestyc costaría mucho dinero, dejando sin sentido incluso la posibilidad de ser una buena decisión en términos de finanzas y ahorros”.