El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa disolver la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) y que la función que esta prestaba sea asumida por el Banco Central de Reserva (BCR). La petición promovida por María Luisa Hayem, ministra de Economía, ingresó entre la correspondencia que recibió el martes el pleno legislativo.
En la iniciativa, la funcionaria pide a los diputados la aprobación de "la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones de la Dirección General de Estadística y Censos" para tal efecto, al argumentar que las labores de esta "necesitan modernizarse conforme a la evolución y necesidades de la economía del país y a las nuevas tecnologías de información que permiten hacer más efectivos y oportunos los servicios y productos estadísticos".
Por tal razón, Hayem detalla que la labor que ejerce la Digestyc sea retomada por el BCR, entidad que describe "con amplia experiencia, reconocimiento y confiabilidad de organismos internacionales por cumplir con estándares técnicos para la elaboración y divulgación de información económica".
La propuesta de decreto, que consta de 11 artículos, también derogaría la Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional.
"Declárase disuelta la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), organismo dependiente del Ministerio de Economía, creada mediante Decreto Legislativo No. 1784, del 21 de marzo de 1955, publicado en el Diario Oficial No. 69, Tomo 67, del 18 de abril de ese mismo año, en consecuencia, procédase a su oportuna y correspondiente liquidación, en un plazo que no exceda de ciento veinte días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente Ley", señala el artículo 1 del anteproyecto.
Mientras, en su artículo 4 establece las funciones que serán trasladadas al BCR, entre estas se encuentran "el levantamiento, procesamiento y mantenimiento de cartografía y diseño muestral", así como la "generación de bases de datos y publicación de los Censos tales como: Población, Vivienda, Económico, Agropecuario, y otros que autorice su Consejo Directivo".
Aunque no aclara qué pasará con los empleados de la Digestyc, el documento señala que "todas las obligaciones derivadas del proceso de liquidación, tales como, las indemnizaciones de personal, liquidaciones de contratos a proveedores y cualquier otra obligación pendiente relacionada al funcionamiento y/o liquidación de la Dirección, serán cubiertas hasta su completa cancelación, por el Ministerio de Economía".
También estipula que todos los bienes de la Digestyc serán transferidos al BCR, así como el Ministerio de Hacienda deberá asignar a este último un presupuesto anual de $4 millones por "la realización de las funciones".
"Además, deberá entregar asignaciones adicionales según lo requerido por el Banco Central cuando se ejecuten proyectos extraordinarios, tales como censos, encuestas nacionales y otros que requieran recursos complementarios para su ejecución", se lee en el artículo 9 de la propuesta de ley.
La repentina petición para eliminar la Digestyc surge cuando apenas en marzo pasado la Asamblea ratificó un crédito por $44 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), precisamente para efectuar en mayo de 2023 el censo de población y vivienda haciendo uso por primera vez de dispositivos electrónicos.
En ese entonces, también se acordó, que $2.7 millones irían destinados precisamente al fortalecimiento técnico institucional de la Digestyc, la cual el Gobierno ahora busca disolver.
La iniciativa que contiene pasó a estudio de los diputados de la Comisión de Economía.