Mientras los voceros y propagandistas del régimen aseguran que han transformado el país, que hoy El Salvador es mucho mejor que hace tres años, la realidad dice otra cosa. Para mantener su espejismo, el oficialismo cuenta con sus propios medios de comunicación y realiza enormes gastos en propaganda, ha reclutado un ejército de replicadores de falsas noticias y un grupo de ilusionistas que a diario vende lo que no existe, lo que ellos llaman “la otra cara”.
Ciertamente, el régimen dice la verdad cuando afirma que en sus tres años de gobierno ha transformado el país, pero miente cuando afirma que este se encamina hacia un futuro de prosperidad y bienestar. En este trienio se ha retrocedido en aspectos clave para el desarrollo nacional y el bienestar de la gente. Se ha debilitado la economía, se ha comprometido las finanzas públicas por el incremento del endeudamiento a niveles inéditos, se ha fragmentado más el tejido social atizando el odio entre hermanos y la polarización, se ha perdido la credibilidad ante la comunidad internacional, se ha destruido el Estado de derecho y se han desactivado los controles al ejercicio del poder propios de un sistema democrático.
El cambio más trascendental que ha logrado el oficialismo en estos tres años es la transformación del sistema político democrático en uno autocrático. Todo el poder lo concentra ahora el presidente de la República. Él decide lo que legisla la Asamblea Legislativa y a quién juzga o libera el órgano judicial. Bukele acabó con la independencia de poderes, que es lo propio de un sistema republicano y una de las principales bases de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Además, el Ejecutivo ha extendido su poder hasta las municipalidades, al quitarles los fondos que recibían del presupuesto nacional y pasarlos a la Dirección de Obras Municipales. De ese modo, el Gobierno decide en qué obras y en qué municipios se utiliza el dinero que antes administraban las alcaldías. Hoy todo el mundo sabe que nada se hace en el país si no está ordenado o aprobado por Casa Presidencial.
Con esta concentración de poder en una sola persona, la población ha quedado totalmente desprotegida, no cuenta con ningún apoyo estatal para hacer valer la ley y defender sus derechos. Fácil fue para el régimen aprobar un estado de excepción por 120 días; fácil aprobar las modificaciones legales para que sin necesidad de estado de excepción se pueda continuar violando los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Hoy los jueces decretan prisión para cientos de personas de las que no tienen ninguna evidencia de que hayan cometido un delito; lo hacen simplemente por agradar al presidente o por temor a represalias.
Cada vez más salvadoreños viven la pesadilla de ser capturados sin justificación alguna o por haber sido acusados anónima y falsamente de pertenecer a una pandilla. Ante la pérdida del Estado de derecho y la instauración de este orden perverso, las familias no tienen modo de demostrar que su pariente es honesto y trabajador, que no debe nada, y que, por tanto, debe ser puesto en libertad de inmediato. Así, la pesadilla pasa a ser colectiva, atormentando tanto a unos como a otros, y no limitándose al tiempo de detención: cuando los injustamente capturados recuperen su libertad, cargarán el estigma de haber estado presos bajo la acusación de ser pandilleros, lo que les afectará de por vida, aunque no sea verdad. De este modo, el régimen de Bukele está destruyendo la vida de miles de jóvenes y sus familias.