La posibilidad de que El Salvador caiga en impago con sus acreedores cada vez es menos remota, sobre todo, porque las finanzas públicas atraviesan una delicada situación y porque la calificación crediticia del país está en niveles rojos desde hace casi un año.
Sin embargo, titulares de instituciones como el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda han señalado en más de una ocasión que no ven riesgo de caer en "default" o impago, pese a que muchos organismos y entidades como agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional han apuntado que ese escenario es cada vez más creciente.
Al respecto, en abril de este año, El Diario de Hoy publicó una carta que el gobierno de Nayib Bukele envió en marzo a inversionistas extranjeros como una forma de acercarse a ellos para apaciguar la preocupación y exponerles información de la situación fiscal del país.
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En ese momento solo se divulgó el texto de la carta, debido a una restricción que puso el gobierno para divulgar el contenido, cuyos detalles técnicos se los hicieron llegar a los inversionistas para su conocimiento. Sin embargo, una publicación del periódico digital El Faro, desglosa esa presentación en la que el Ejecutivo explica los planes que tiene para evitar un impago.
El medio digital indica que el gobierno estaría barajando tres posibles alternativas para poder asumir sus responsabilidades de deuda que se avecinan, las principales: el vencimiento del Eurobono 2023 por $800 millones, así como el vencimiento de más de $1,000 millones de deuda a corto plazo, la cual el Ejecutivo ha adquirido por medio de la colocación de Certificados y Letras del Tesoro (Cetes, Letes).
De acuerdo a la publicación, el gobierno tiene cada vez menos esperanza en lograr un acuerdo de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que comenzó a negociar un financiamiento de hasta $1,300 millones, los cuales más allá de ayudarle con el tema de la liquidez financiera, servirían para que el perfil crediticio del país mejore, según han explicado economistas.
Ante esa posibilidad de que el acuerdo no se logre, El Faro consigna que el gobierno perdería la posibilidad de acceder a financiamientos de hasta $2,100 millones, los cuales serían necesarios para cumplir con pagos de más de $4,800 millones que el país debe hacer entre 2022 y 2023, pues sin ese acuerdo no se lograría financiamiento de hasta $200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $200 millones con el Banco mundial y otros $400 millones que el mismo FMI podría facilitar de manera extra.
En ese contexto, el gobierno habría planteado otras dos alternativas: implementar una reforma de pensiones y colocar más deuda a corto plazo.
La primera de esas alternativas ya había sido señalada por economistas consultados por EDH, justo en el contexto en el que Bukele prometió una reforma en septiembre de 2021 y los expertos apuntaron que el gobierno estaría buscando nacionalizar esos fondos para poder tener liquidez financiera.
El Faro señala en su artículo que un técnico del gabinete económico del gobierno les dijo que "con una nacionalización, pueden borrar la deuda de pensiones con el retorno a un sistema de reparto”, lo que podría beneficiar al país en términos de calificación crediticia, pues el tema de las pensiones ya no se catalogaría como una obligación financiera y, por ende, la proporción de la deuda pública con respecto al PIB disminuiría de manera considerable.
Asimismo, el documento citado por El Faro podría apuntar a que la otra alternativa es que el gobierno logre saldar su deuda a corto plazo actual e, inmediatamente, volver a colocar Cetes y Letes, una maniobra que se asemeja a cuando una persona paga la totalidad de una tarjeta de crédito para luego volver a "toparla".
De acuerdo al economista Ricardo Castaneda, citado por El Faro, lo anterior significa que "lo que los escenarios indican es que van a poder emitir el 100% de Letes que se vencen y los van a pagar con más Letes”.
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Esta sería una opción que podría aplicarse en cualquiera de los escenarios que Hacienda plantea para evitar caer el impago y mantener la confianza de los inversionistas, según la publicación.
Con respecto a este punto de buscar más deuda para asumir sus obligaciones, el medio indica que las otras alternativas que el gobierno tiene en mente están relacionadas con adquirir más préstamos en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual ha sido de los únicos organismos que más fondos ha asignado en los últimos dos años, y también adquirir un préstamo de casi $500 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), una entidad a la que se suscribió recientemente el país para poder acceder a otras fuentes de financiamiento, pero hasta el momento no ha otorgado ningún crédito.
Según El Faro, entre las opciones de financiamiento que tendría en mente el gobierno no están contemplando los Bonos Bitcoin que el presidente Bukele anunció en noviembre de 2021.