Las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele sobre la ampliación del régimen de excepción evidencian que el Plan Control Territorial y la medida excepcional que se ejecuta desde marzo pasado “no han sido efectivos”. Así lo señalan abogados y defensores de derechos humanos.
Tras el asesinato de tres agentes policiales, Bukele informó este viernes que el gobierno "arreciará la guerra contra las pandillas", develando que el régimen de excepción no terminará ni en tres ni en cuatro meses.
Al respecto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar señaló que eso indica que no han funcionado las medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo.
“Esas declaraciones solo evidencian que el tal plan territorial no es efectivo, que incluso el régimen de excepción no ha tenido el efecto que se ha vendido por parte del gobierno porque supuestamente tienen control de los territorios y todavía siguen sucediendo hechos lamentables como el asesinato de estos policías”, manifestó Escobar.
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¿Cuál combate a la criminalidad?
¿Cuál control? ¿Cuál combate a la criminalidad? se preguntó Escobar si siempre tienen el control las pandillas. “Que anuncien que el régimen de excepción va a estar de forma indefinida lo que muestra es ese fracaso de las políticas de seguridad del gobierno”, opinó.
Además, manifestó que el oficialismo “necesita mantener en el imaginario de la gente activo el tema de la delincuencia y que mejor forma que mantener el régimen de excepción”.
Explicó que esto no tanto con el fin de vender seguridad, sino de sacar provecho electoral y mantener el uso discrecional de fondos públicos como lo han hecho en el margen de esta medida para “combatir la delincuencia”.
Régimen de excepción no ha sido efectivo
En ese mismo sentido opinó el abogado constitucionalista, Jonatan Sisco, quien destacó que después de varios meses viviendo en régimen de excepción todavía se siguen dando graves crímenes contra la población y contra agentes de seguridad. A su juicio “esto comprueba que el régimen de excepción no ha sido efectivo para combatir a las estructuras de crimen organizado”.
Recordó que Cristosal ha verificado que todavía se siguen dando desplazamientos forzados ocasionados por pandillas contra población civil inocente. En ese sentido señaló que “parece que hay estructuras criminales que no las ha tocado el Gobierno, ya que el mismo presidente dijo que iban a desmantelar toda la clica que había actuado contra policías”.
“Lo más grave de esta situación es que el régimen de excepción ha servido para que personas inocentes vayan a la cárcel, es decir que la población por un lado debe cuidarse de las pandillas y por otro debe cuidarse de las detenciones ilegales que se realizan sin contar con orden de detención”, consideró.
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Por su parte, la experta en derechos humanos, Celia Medrado manifestó que el asesinato de tres agentes policiales en Santa Ana “nuevamente evidencia control territorial de estructuras de criminalidad y crimen organizado pese al éxito que se adjudican las autoridades del llamado plan control territorial y casi tres meses de la medida excepcional”.
A su juicio, invocar a una "guerra" sin medir las consecuencias “inevitablemente lleva a que la población y los mismos policías terminen pagando estas consecuencias”.
Finalmente criticó que ante estas muertes, la respuesta presidencial es el fomento de más violencia. “Una violencia de la cual se alimenta su discurso y de la cual sobrevive políticamente y cuyo costo de esto seguiremos pagándolo todos”, concluyó Medrano.