La población LGBTIQ+ de por sí estigmatizada y discriminada por años, víctimas de los patrones culturales y de tabúes, no miran que este gobierno busque revertir ese flagelo y menos diseñar políticas públicas para mejorar sus condiciones sociales y laborales.
Al contrario, lamentan que están más desprotegidos que nunca, frente a un gobierno cuya narrativa es la de incrementar el “conservadurismo” y de promover el “odio” en su contra, afirman miembros de la población LGBTI y dirigentes de asociaciones que defienden sus derechos.
Es un total retroceso el que viven desde que el presidente Nayib Bukele asumió el Poder Ejecutivo en 2019 y el partido oficialista Nuevas Ideas la Asamblea Legislativa en 2021, aseveró Roberto Zapata, secretario de Incidencia Política de la Asociación Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica, AMATE El Salvador.
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“Hay que decir que desde el inicio, una de las acciones fue la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, en donde se encontraba la Dirección de Diversidad Sexual, eso significó para la población LGTBIQ+ un retroceso en las políticas públicas implementadas en el anterior gobierno”, manifestó Zapata.
Desde el Ejecutivo relegaron al Ministerio de Cultura la responsabilidad de atender a dicho sector desde una Unidad de Género con menos recursos financieros y limitaciones de personal para diseñar planes y programas que los beneficien, añadió.
Además, de que el gobierno no impulsa políticas públicas a favor de la población LGTBIQ+, Zapata alega que desde las altas esferas del Ejecutivo se promueve el incremento del “ultra conservadurismo y el odio” en contra de este segmento de la población que de por sí ya es muy vulnerable.
“Hemos visto del mismo presidente (Bukele) pagar publicidad en sus redes sociales para decir que está en contra de matrimonios de personas del mismo sexo, eso promueve, además de más conservadurismo, acciones de violencia, discriminación y estigma en toda la comunidad”, apuntó Zapata.
Mientras que desde la Asamblea, lo primero que hicieron los diputados del oficialismo fue enviar al archivo el proyecto de Ley de Identidad de Género que diversas organizaciones habían propuesto desde 2018. El argumento fue que “era obsoleta y no acorde a la realidad”.
En agosto de 2021, otro grupo de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad LGTBIQ+ presentaron a la Asamblea Legislativa una nueva iniciativa de ley de Identidad de Género que busca que las personas transgénero y transexuales tengan un nombre adecuado a su identidad y expresión de género.
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Esta nueva propuesta corre el riesgo de tener peor suerte que la de 2018, ya que en la Asamblea los parlamentarios del oficialismo no la agendan para ser discutida en las comisiones de trabajo que tienen que ver con estos temas.
La diputada del FMLN, Anabel Belloso, advierte que en este gobierno se han visto claros retrocesos en materia de derechos humanos de la población LGTBIQ+ y en la Asamblea son más palpables.
“El año pasado las organizaciones nuevamente incorporaron una iniciativa y esa está en la comisión, sin embargo, no se ha colocado en la agenda, no ha habido mayor discusión ni se ha llamado a nadie para consultarles, es un tema que no está en las prioridades de este gobierno ni de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa”, expresó Belloso.
El silencio de los diputados de Nuevas Ideas es tal que ni siquiera muestran interés por legislar ante la resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuesta por ellos mismos el 1 de mayo de 2021, criticó un miembro de la población trans que pidió no mencionar su nombre.
“Yo no he visto que como gobierno ejecuten dichas políticas o algo que hable directamente de las personas LGTBIQ+, y si lo han dicho, solo ha sido del diente al labio. No hemos tenido ni cercanía con el presidente Bukele, es un tipo que no da explicaciones de ninguna índole”, cuestionó la persona trans que pidió el anonimato por temor a represalias.
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La diputada Belloso confirma que ni la resolución de la Sala de lo Constitucional ha hecho despertar el entusiasmo de los diputados oficialistas por legislar a favor de la población LGTBIQ+.
La Sala impuesta por el oficialismo resolvió que la falta de regulación y condiciones para que una persona cambie su nombre por razones de identidad de género provoca un “acto discriminatorio no justificado” y ordenó a la Asamblea reformar la Ley del Nombre de la Persona Natural.
Recientemente los parlamentarios de Nuevas Ideas hicieron dos reformas a la Ley del Registro de las Personas Naturales (RNPN), a solicitud del Ejecutivo, pero en ninguna se consideró lo mandatado por la Sala de lo Constitucional.
Belloso explicó que la resolución de la Sala sobre propiciar las condiciones para que las personas LGTBIQ+ puedan adecuar sus nombres de acuerdo a su identificación de género, se ha quedado estancada en la Comisión de Reformas Electorales.
“Esa sentencia está allí, pero a diferencia de otras cosas que dice la Sala, por las que se pronuncian y las que el régimen y sus diputados que solo aprietan el botón para lo que les mandan desde Capres agilizan, hacen las cosas súper rápido, de manera exprés, ese tema lo tienen allí engavetado y aún no ha habido avances”, señaló Belloso.
Al respecto, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, señaló que no existe de parte del gobierno una priorización de políticas públicas que garanticen los derechos de la población LGTBIQ+ y por ende tampoco del bloque oficialista en la Asamblea Legislativa.
“Aun cuando la misma Corte Suprema controlada por el presidente Bukele, resuelve conocer y obliga a legislar sobre derechos de la población trans, se engaveta en la comisión”, reflexionó.
Y lo más reciente, en la Ley Crecer Juntos aprobada el 22 de junio de 2022, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), recomendó prohibir los tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos por razón de la orientación sexual o identidad de género de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, esta sugerencia no fue considerada dentro de la normativa.