Estados Unidos permite financiamiento político con criptoactivos menores de $100
Acción Ciudadana analizó los riesgos que representa para El Salvador el usar activos digitales para financiar candidaturas políticas debido a que, a diferencia de Estados Unidos, no se tiene los mecanismos de regulación y fiscalización.
Estados Unidos permite el financiamiento de candidaturas políticas mediante criptoactivos, pero con la condición de que sean aportes no mayores a los $100. Así lo detalló un informe publicado recientemente por la organización Acción Ciudadana.
El Estudio menciona tres países que han hecho uso de criptomonedas para financiar campañas electorales. Entre los cuales están Islandia, Suecia y Estados Unidos.
En el caso del país norteamericano sí existe una regulación de esta y ha establecido ciertos requisitos para el uso de activos digitales. Por ejemplo, deben ser aceptados por la Comisión Federal de Elecciones (FEC), deben ser donaciones menores a $100, contribuciones resguardadas en un monedero virtual, los aportantes necesitan identificarse y convertir los criptoactivos a dólares antes de utilizarlos.
Debido a la regulación de tal mecanismo de financiamiento se ha podido conocer que ocho candidaturas al Congreso, Gobernador, Primarias Presidenciales y Locales han utilizado activos digitales para financiar sus campañas. Esto ha sucedido en las elecciones de los años 2014, 2016, 2018 y 2022.
Por su parte, el informe destaca que Costa Rica e Irlanda no aceptan el uso de criptomonedas para financiar campañas.
Acción Ciudadana analizó los riesgos que representa para El Salvador el usar activos digitales para financiar candidaturas políticas debido a que, a diferencia de Estados Unidos, no se tiene los mecanismos de regulación y fiscalización.
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La organización propone en el informe prohibir el financiamiento de campañas electorales con criptoactivos y en caso se permita sugiere que se obligue a los partidos políticos al uso de billeteras custodiadas.
¿Qué dicen los expertos?
Al respecto, Carlos Palomo, presidente de Tracoda, consideró que más que definir un monto como lo hizo EE.UU., lo verdaderamente relevante es que “no se permitan donaciones anónimas, y que los activos que se utilicen para captar fondos cumplan algunas características, como permitir la trazabilidad de los fondos y la no utilización de métodos de anonimización de identidad”.
Enfatizó que media vez eso se cumpla, con un equipo de fiscalización y seguimiento pueden determinarse orígenes ilícitos y castigar a quienes corresponda.
James Humberstone, investigador del Centro de Modelaje Matemático de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), opinó sobre los montos máximos de donación establecidos en el país norteamericano.
El experto expuso que el regular que haya cantidades pequeñas significa que el donante tiene que hacer muchas transacciones y por lo tanto este es “un mecanismo para evitar que se envíen cantidades grandes en forma de lavado”.
El programador de software, Mario Gómez, enfatizó que es importante que exista un mecanismo fuerte que permita realizar la contraloría de los partidos y los fondos que reciben.
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