En El Salvador ha habido poco control sobre el financiamiento de las campañas políticas, pero con la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal la actividad fiscalizadora de esto se ha complicado más y se corre el riesgo de que en las elecciones del 2024 se elijan candidatos que respondan a interés de financistas involucrados en actividades ilícitas como terrorismo, lavado de dinero y otros.
Así lo afirmaron expertos al analizar el panorama electoral de cara a los comicios que se celebraran dentro de dos años en el país.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó el pasado jueves que el uso de criptoactivos para financiar campañas políticas genera una nueva evasión de controles, pues la Ley de Partidos Políticos (LPP) obliga únicamente a los partidos, pero no menciona nada de los candidatos.
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Y efectivamente, el artículo 64 de esta legislación establece que “las contribuciones privadas sólo pueden acreditarse a favor de los partidos políticos”, es por eso que los candidatos no rinden cuentas sobre el dinero empleado en su campaña.
Al respecto, Carlos Palomo, informático y presidente de la organización Tracoda enfatizó en la importancia de una normativa que fiscalice las donaciones a los políticos. Además, expuso que el uso de criptoactivos en la campaña deriva en posibilidades de financiamiento irregular o proveniente de actividades de lavado de dinero.
“De no implementarse adecuadamente controles para identificar a los donantes, el origen de los fondos y el uso que se le pueda dar a estos ingresos, se puede tener una contienda muy desigual o correr el riesgo de que se elijan candidatos que respondan a interés de financistas involucrados en actividades ilícitas”, dijo a El Diario de Hoy.
Guarda el anonimato
James Humberstone, investigador del Centro de Modelaje Matemático de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) indicó que al utilizar criptomonedas se prevé en la tecnología “guardar el anonimato”. Asimismo, manifestó que “se puede prestar para lo que se quiera si se utiliza mal”.
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“El financiamiento por medio de criptoactivos carece de control de una entidad que pueda fiscalizar porque el chiste de la tecnología blockchaine es que tengan confianza ambas partes sin que haya un intermediario”, expuso.
Al preguntarle si con el uso de activos digitales se corre el riesgo de que se financien campañas desde actividades ilícitas, él respondió: “se puede prestar para eso”.
“Un tratamiento más exhaustivo”
Por su parte, Mario Gómez, tecnólogo y desarrollador de software sostuvo que para que se permita el financiamiento de campañas mediante criptoactivos se requiere “un tratamiento más exhaustivo” de parte de las autoridades.
Explicó que en un caso normal, con dinero en efectivo o donaciones de donantes particulares se puede llevar una contabilidad o auditoria, pero “en el caso de cripto se necesita realmente de gente especializada que pueda verificar no solo la parte contable sino la parte de criptoactivos y ver si realmente se puede trazar el origen de estos a algún ilícito conocido o si hay movimientos sospechosos”.
A su juicio, el problema fundamental y que empeora este escenario es que siempre el reporte en las donaciones ha sido una responsabilidad propia de los partidos y esto (uso del bitcion) dificulta más. Además, consideró que “el TSE tampoco es que ha sido una figura demasiado fuerte en obligar a los partidos a ser completamente transparentes respecto a sus donaciones”.
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En ese sentido enfatizó en la importancia de que el tribunal electoral tenga las fortalezas que se requiere para monitorear los financiamientos. “Sino lo hace tan eficiente en una situación normal, uno no se puede imaginar lo que puede pasar con el caso de criptoactivos”, opinó.
“Hay más riesgos”
Al consultarle si la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin complica más la fiscalización de financiamientos políticos, él contestó que ahora “hay más riesgos”.
“Antes que entrara en vigencia la Ley Bitcoin, si alguien recibía una gran cantidad de activos digitales en algún momento el partido o quien fuera que recibiera alguna moneda debiera de justificar una diferencia en libros contables debido a que bitcoin no era moneda de curso legal. No obstante, con la aprobación de la ley habría que analizar si los contadores lo ponen como un ingreso adicional o cómo lo van a registrar”, dijo.
El experto recordó que el gobierno ha tratado de endurecer los requerimientos de registros de donantes para las organizaciones de sociedad civil y que se debe analizar si esto también va a aplicarse a los políticos porque si no “sería un riesgo grande para que personas inescrupulosas comiencen enviar donaciones a los partidos que consideren van a pagarles estos favores luego de que son electos”, planteó.
Por todos estos riesgos, la organización Acción Ciudadana propuso en su informe prohibir el financiamiento de campañas electorales con criptoactivos y en caso se permita dicho financiamiento digital sugiere que se obligue a los partidos políticos al uso de billeteras custodiadas.
James Humberstone también manifestó que haría falta una regulación que establezca que si se puede recibir criptomonedas, pero utilizando canales públicos.
Carlos Palomo señaló la importancia de un marco regulatorio y de fiscalización para garantizar el uso de canales de donaciones con prácticas para evitar el lavado de dinero y activos. Por ejemplo, la prohibición de uso de billeteras no custodiadas y la obligación de obtener criptoactivos únicamente a través de canales donde se aplican políticas de conocer a tu cliente, etc.