La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su Art. 1 determina que “se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas”.
El término “trato cruel, inhumano o degradante” define condiciones que generan un daño a las personas privadas de libertad. En El Salvador existen casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que hablaremos.
José Marvin Salmerón, segundo caso de víctimas de La Unión que mueren bajo el régimen de excepción recluidos en un penal; el primero fue Rafael Antonio Quintanilla, que murió el 7 de junio en Mariona.
Quintanilla padecía de enfermedades crónicas, en el penal no le dieron asistencia médica ni sus medicinas, su salud se deterioró y llevado al hospital Rosales, donde falleció. A Marvin, paciente con diabetes, le amputaron un dedo del pie, tenía un estricto tratamiento y curaciones, recluido en el penal no le respetaron su derecho a la salud.
Al menos 6 detenidos han muerto por golpes durante el régimen de excepción, un análisis forense internacional encontró en una de las víctimas lesiones que podría ser tortura. En otros cinco casos, familiares y reportes de Medicina Legal confirmaron golpes. En total, el régimen lleva más de 40 muertes.
Dos de los 40 casos son el caso de “Walter” y el de José Jeremías Deleón, éste recibió atención médica en el hospital de Sonsonate. Fallecieron mientras estaban detenidos. La causa de muerte fue similar: los dos murieron tras ser vapuleados o torturados. Una suerte que han corrido al menos cuatro personas: Elvis Sánchez, Carlos Saucedo, Sergio Calzadilla y Alexander Cárdenas. En algunos de casos fue la familia que confirmó los golpes en los cuerpos, en otros la causa quedó en reportes de Medicina Legal.
El caso de Elvis Sánchez fue analizado por forenses miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés), concluyendo que: “Parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos”.
Frente al silencio de las autoridades los testimonios de los familiares de reos fallecidos han sido claves para que organizaciones defensoras de derechos humanos documenten los múltiples abusos que se han dado en los centros penales.
Amnistía Internacional sostuvo que, según datos de organizaciones, entre el 27 de marzo y el 28 de mayo se habían reportado ya 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en las cárceles, destacó que había personas vapuleadas y torturadas.
Retomó el caso de William Alexander Galeas, acusado de tener vínculos con pandillas. El informe del IML apuntó a un edema pulmonar. La familia relató que al revisar el cuerpo observaron moretones que no correspondían al dictamen médico.
Las personas que están bajo custodia estatal son responsabilidad completa del Estado, que debe responder por sus muertes, es su responsabilidad en el marco de una política estatal. Tarde o temprano los responsables deberán responder. La historia no perdona. Ni la comunidad internacional de los derechos humanos tampoco.
Abogada y defensora de derechos humanos.